El Gobierno nacional anunció su decisión de abrir las importaciones para frenar la suba de precios, una medida que ya fue implementada en otras ocasiones en la Argentina y que en general terminó perjudicando a los trabajadores.
A fines del año pasado las empresas y grandes comercios se sobre stockearon de productos a la espera de un dólar muy por encima de los mil pesos, y remarcaron los precios en la misma sintonía. Al mismo tiempo, el Gobierno licuó los salarios y las jubilaciones aprovechando la alta inflación para achicar el déficit fiscal, un combo que derivó en la fuerte recesión que atravesamos en la actualidad.
El alza de precios de comienzos de año fue de tal magnitud que las ventas de alimentos cayeron en picada y las empresas comenzaron a ofrecer promociones y ofertas, como el 2X1 de las gaseosas que se ofrecen en las góndolas de los grandes supermercados.
Los alimentos impulsaron hacia arriba el índice de precios al consumidor, y ante esta situación el Gobierno anunció que recurrirá a un recurso que ya se utilizó en el pasado con resultados catastróficos para el país.
Dos antecedentes
José Alfredo Martínez de Hoz, el primer ministro de Economía de la última dictadura cívico militar, y Domingo Cavallo, cuando es uvo al frente del Palacio de Hacienda en el gobierno de Carlos Menem, abrieron las importaciones bajo el argumento de estimular la competencia y frenar la suba de precios, en un contexto macroeconómico de dólar barato.
El resultado no fue el esperado y en ambos períodos numerosas empresas tuvieron que cerrar, con el consecuente aumento de la desocupación. Muchas pymes no pudieron sobrevivir al aluvión de importaciones, como también numerosos empresarios dejaron de fabricar, despidieron al personal y se convirtieron en importadores. En síntesis, los mayores perjudicados fueron los trabajadores que perdieron sus empleos.
“El dilema es el siguiente: compramos caro y trabajan los argentinos, o compramos barato y trabajan los chinos”, advierte un industrial textil, uno de los sectores más protegidos de la competencia externa.
Los empresarios argentinos suelen atribuir los altos precios de sus productos a la presión impositiva, mientras que desde las oficinas gubernamentales afirman que los industriales locales se abusan del proteccionismo y venden a precios desmedidos.
Como suele suceder, ambas partes tienen alguna cuota de razón.
Lo cierto es que abrir las importaciones exige tener dólares suficientes para abastecer la demanda, algo que actualmente se está muy lejos de alcanzar. Quizás la opción para frenar la suba de precios no sea incentivar la competencia externa sino la interna, fomentando la presencia de más actores en el mercado. Es decir, apoyar a las pymes y a las economías regionales para que no existan empresas hegemónicas que imponen reglas del juego a su antojo, como pasa actualmente en el sector lácteo, entre otros. Además, el tipo de cambio se vuelve un punto central en este asunto y hay que prestarle atención, porque un eventual atraso cambiario puede llevar a la desaparición masiva de empresas como también ya sucedió en el pasado.