El Gobierno aprobó un nuevo protocolo para la detección temprana de casos de trata de personas en los pasos fronterizos del país, que incorpora pautas unificadas para todas las fuerzas de seguridad y el personal migratorio, con el objetivo de reforzar la prevención y detección de este delito en puntos de ingreso y egreso del territorio nacional.
La medida, publicada en el Boletín Oficial y elaborada por el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones junto con la Organización Internacional para las Migraciones en el marco del Programa Eurofront, actualiza el instrumento vigente desde 2012 e introduce procedimientos estandarizados, herramientas de identificación de posibles víctimas y criterios comunes para Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal Argentina y agentes migratorios.
El texto clasifica los 237 pasos habilitados —95 terrestres, 103 marítimos o fluviales y 39 aéreos— según su volumen y características, y advierte que en todos es posible detectar casos de trata, un delito que, según la legislación argentina y el Protocolo de Palermo, constituye una grave violación a los derechos humanos y conlleva penas de entre 4 y 15 años de prisión. También diferencia la trata del tráfico ilícito de migrantes y detalla que las víctimas pueden ser captadas y explotadas incluso sin cruzar una frontera.
El protocolo incorpora un enfoque de derechos humanos, género, niñez y no revictimización, prohíbe sancionar o devolver a las víctimas a lugares donde su vida o integridad corran riesgo, y ordena la actualización permanente de guías y capacitaciones, así como la conformación de mesas de trabajo para monitorear su implementación.