El Senado de la Nación convirtió en ley esta madrugada la ley de financiamiento universitario, que podría ser vetada por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa recibió sanción definitiva con 57 votos afirmativos, 10 negativos y 1 abstención.
La norma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de «atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales».
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa ahora convertida en ley propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno nacional) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
También modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades.
Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
«Se viene el veto», escribió el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Alvarez, en su cuenta de X una vez conocido el resultado de la votación.
Además, antes de que el Senado avanzara con la sanción de esta ley, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había reiterado, en una entrevista televisiva, que si no se lograba mantener el equilibrio fiscal «todo el sacrificio que se hizo no va a tener sentido», con lo cual abonó las versiones que dan cuenta de un posible veto a esta norma por parte del Poder Ejecutivo, del mismo modo en que sucedió con la ley que establecía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
Durante el debate, el oficialista Bruno Olivera Lucero, resumió: «Con respecto a los aumentos del salario docente hay una mesa de negociación salarial que está debatiendo los aumentos. Con lo cual, establecer estos aumentos por ley me parece incorrecto, hay que dejar que ambas partes se reúnan y acuerden los aumentos».
El presidente de la Comisión de Educación, Eduardo de Pedro (Unión por la Patria), señaló en cambio: «El 80% de los docentes está bajo la línea de pobreza. Llevamos una inflación acumulada de 135% de noviembre de 2023 a julio de 2024. La recomposición salarial fue solo el 57%. A eso hay que sumarle la falta de trasferencias a las provincias, como el FONID».
Y advirtió más tarde en su cuenta de X que, si el Poder Ejecutivo veta la norma, «nos vamos a volver a encontrar movilizando en las calles de todo el país y vamos a insistir nuevamente en el Senado».
Por su parte, el radical Flavio Fama, argumentó: «Estamos cumpliendo con la responsabilidad constitucional de asegurar presupuesto y autonomía a las universidades nacionales. Las universidades públicas son las que llevan más del 90% de la investigación y el desarrollo en la Argentina».
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) agradeció y felicitó a los legisladores que apoyaron la Ley y celebró especialmente «la obtención de una mayoría de dos tercios de los votos», en un comunicado difundido por redes sociales.