La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) formalizó una impugnación contra el proceso de precalificación de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, enmarcada en la “Red Federal de Concesiones – Etapa II”, el plan del Gobierno nacional para concesionar corredores viales clave que atraviesan la provincia de Buenos Aires.
La presentación apunta directamente contra el dictamen de la Comisión Evaluadora Ad-Hoc, que recomendó excluir a la firma bonaerense de la compulsa por los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa. Desde la empresa cuestionan los criterios utilizados y advierten sobre posibles irregularidades en el proceso.
Fuerte crítica de Aubasa al Gobierno
El presidente de la compañía, José Arteaga, fue contundente al cuestionar la decisión oficial y vinculó la exclusión a una determinación política.
“El Gobierno nacional decidió cambiar las reglas de juego en mitad del partido para dejar afuera a AUBASA, utilizando argumentos falaces, arbitrarios y sin sustento técnico”, sostuvo.
En esa línea, agregó: “Mientras las rutas nacionales en territorio bonaerense se caen a pedazos por el abandono del gobierno de Milei, pretenden sacar del camino a una empresa eficiente, que sí mantiene su traza, las opera con tarifas accesibles y reinvierte cada peso en obra”.
Además, remarcó que la discusión no pasa por el cumplimiento de los requisitos formales: “No es una cuestión de requisitos. Es una decisión ideológica disfrazada de tecnicismo”.
Cuestionamientos por cambios en los pliegos
El conflicto se produce en un contexto de críticas del gobierno bonaerense a modificaciones introducidas en la licitación. Según denunciaron, el Ministerio de Economía alteró más de 30 artículos del pliego a pocos días del cierre para presentar ofertas, incorporando nuevas exigencias no contempladas originalmente.
Desde Aubasa aseguran haber cumplido con todas las condiciones iniciales y sostienen que la evaluación posterior aplicó criterios distintos a los previstos.
El eje técnico de la impugnación
Uno de los puntos centrales del reclamo está vinculado a la evaluación de la capacidad técnica de la empresa. Según la presentación, la Comisión Evaluadora exigió antecedentes de ejecución directa de obras viales, pese a que la licitación corresponde a una concesión integral.
Bajo este esquema, es habitual que el concesionario subcontrate trabajos específicos, manteniendo la responsabilidad general del servicio. En ese sentido, la empresa sostiene que la interpretación oficial contradice lo establecido en los pliegos.
También cuestiona el rechazo de certificaciones emitidas por la Dirección de Vialidad bonaerense, que acreditaban su experiencia como operadora vial desde 2014.
Denuncias por trato desigual
Otro de los ejes del planteo apunta a una supuesta falta de equidad en el proceso. Según Aubasa, mientras se le exigieron aclaraciones adicionales sobre documentación ya presentada, otros oferentes privados habrían contado con mayores facilidades para subsanar omisiones.
Para la Provincia, esta diferencia vulnera el principio de igualdad que debe regir en las contrataciones públicas. En ese marco, solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación y de su par bonaerense como veedores del proceso.
Tramos clave en disputa
La propuesta de Aubasa incluía la operación de corredores estratégicos para la producción y el turismo. Entre ellos, los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur, que abarcan más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales, además de autopistas del área metropolitana.
También se presentó para el Tramo Pampa, correspondiente a la Ruta Nacional 5, que conecta Luján con Santa Rosa.
El trasfondo del conflicto
La disputa se da en paralelo a los cuestionamientos del gobierno bonaerense por el estado de las rutas nacionales. Desde la Provincia denuncian un deterioro creciente de la infraestructura vial y critican el destino de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles.
En contraposición, Aubasa defiende su modelo de gestión estatal y asegura mantener niveles sostenidos de inversión y mantenimiento en las trazas que administra.
Un proceso bajo tensión
Con la impugnación ya presentada ante la Comisión Evaluadora y la Secretaría de Transporte, se abre una instancia administrativa clave. Si el Gobierno nacional ratifica la exclusión, el conflicto podría escalar a la Justicia federal.
En la Provincia anticipan que buscarán sostener la participación de la empresa estatal en la licitación y evitar que los corredores queden exclusivamente en manos privadas.
Por lo pronto, el proceso queda atravesado por cuestionamientos sobre su transparencia y suma un nuevo foco de tensión entre Nación y la administración bonaerense.