A través de la Resolución 429, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció que las personas privadas de su libertad que no realicen tareas con fines de reinserción social puedan ser asignadas a labores generales dentro de los establecimientos penitenciarios federales.
La normativa, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, permite que hasta un 5% de los internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que no participen de actividades productivas o educativas cumplan tareas personales vinculadas al funcionamiento general de las unidades carcelarias.
La medida fue adoptada semanas después de que el Gobierno prohibiera la existencia de centros de estudiantes en cárceles, bajo el argumento de que esas instancias ocupaban tiempo que debía destinarse al trabajo.
Según detalla la resolución, los detenidos alcanzados por esta disposición deberán cumplir un mínimo de ocho horas diarias de tareas y percibirán un peculio, definido como una “asignación económica asistencial” que no se ajusta al salario mínimo, vital y móvil.
“La remuneración se transformó en una asignación económica asistencial para la persona detenida y, en muchos casos, para su grupo familiar, asimilándose a un plan social”, fundamenta el texto oficial, que advierte sobre un eventual uso indebido de fondos públicos y desaliento de hábitos laborales.
La Dirección Nacional del SPF será la encargada de elaborar los planes y cronogramas de trabajo, así como de remitir informes mensuales a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios con el detalle de los fondos asignados.