La Legislatura bonaerense analiza un proyecto de ley «candado» que busca impedir la aplicación del cómputo del 2X 1, para los delitos lesa humanidad y los delitos comunes en la órbita de la justicia bonaerense.
Se trata de una iniciativa elaborada por el diputado del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara baja provincial, quien remarcó que la propuesta ideada desde ese espacio político «cierra la interpretación judicial para aplicar el 2×1, ya que establecemos la prohibición absoluta de su aplicación como ley más benigna en el contexto del proceso penal bonaerense, sea para delitos de lesa humanidad, sea para delitos comunes».
«El polémico fallo que habilitó el 2×1 significó un retroceso para todos, menos para la mayoría de la Corte Suprema» sostuvo el legislador, «por eso estamos proponiendo en la Provincia de Buenos Aires un punto final a las interpretaciones judiciales que permitían la ficción de que un día de detención se cuente como dos».
Consideró que el proyecto busca evitar «las consecuencias dañinas para la sociedad y sus víctimas» del cuestionado fallo «Bignone», por lo que «estamos cerrando de manera clara la posibilidad de aplicar el principio de ley más benigna para el caso de «sucesión de normas procesales».
El proyecto, que podría ser aprobado hoy, propone también, según detalla un comunicado del Bloque Diputados Frente Renovador, la creación de una Comisión Bicameral para monitorear todos los genocidas presos en cárceles bonaerenses hasta que se agote el último de los procesos.
Gutiérrez explicó que «es necesario crear una Comisión de representación bicameral con la especialidad suficiente que le permita monitorear y verificar el cumplimiento de las mandas constitucionales y legales secundarias para los detenidos y alojados por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra en los penales e instituciones de jurisdicción provincial».
«Por la incidencia histórica que los sujetos activos de estos crímenes representan para nuestra memoria colectiva, en plena garantía del derecho a la información que deben poseer las víctimas y los ciudadanos en general, es necesario disponer de un órgano operativo del poder legislativo que monitorea su situación hasta el agotamiento de la intervención judicial en el último caso en juzgamiento», explicó el vicepresidente de la Cámara de Diputados.
La «Comisión Bicameral Para el Seguimiento y Monitoreo de la situación procesal de los Detenidos y Alojados por Crímenes de Lesa Humanidad, Genocidio y Guerra en Unidades Penales Bonaerenses», tendrá por objeto un seguimiento de cada una de las causas de quienes se encuentren alojados en el Servicio Penitenciario Bonaerense coordinando el registro y contralor de los procesos abiertos a fin de que el Estado provincial, representado en uno de sus poderes, sea un colaborador activo en cumplimiento de las obligaciones de nuestro país en materia de derechos humanos.
En esta obligación de doble vía, el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires es el organismo fundamental a fin de brindar la información actualizada que la Comisión requiera para la elaboración de sus informes, atento su carácter de institución de guarda y custodia de detenidos y alojados en la Unidades Penales Provinciales.
De esta manera, y sin perjuicio de la facultad de la Comisión de requerir informes al Poder judicial respecto del estado procesal de las causas seguidas por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, el proyecto establece la obligación en cabeza del Servicio Penitenciario de informar el estado, así como cualquier modificación o vía incidental que pudiera modificar la situación de las personas sujetas a proceso por los delitos referenciados.