La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó por tecnicismos el recurso presentado por la familia de Emilia Uscamayta Curi, la joven que murió ahogada en una fiesta ilegal en La Plata en 2016.
La decisión, que se conoció tras más de ocho meses de espera, frustró las expectativas de la familia y allegados de la joven, que pedían que el hecho fuera calificado como homicidio con dolo eventual y no culposo, como resolvió la justicia penal provincial.
La joven de 26 años murió ahogada en la pileta de una casaquinta ubicada en 520 entre 159 y 160, en Melchor Romero, durante una fiesta organizada sin habilitación ni medidas de seguridad.
No había guardavidas, ni personal médico, ni ambulancia, a pesar de que el evento prometía esos servicios. La pileta no estaba señalizada, ni cercada, y se encontraba en una zona VIP a la que se accedía pagando un costo extra.
La familia sostiene que hubo una cadena de negligencias graves que fueron ignoradas por los empresarios Carlos Bellone, Raúl “Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, quienes organizaron la fiesta. A pesar de que el evento había sido clausurado horas antes por autoridades municipales, se llevó adelante igualmente.
En 2021, los cuatro organizadores fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata por el delito de homicidio culposo.
Las penas fueron de tres y cuatro años de prisión condicional, lo que evitó que cumplieran prisión efectiva. La sentencia fue confirmada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal en junio de este año, lo que motivó el nuevo planteo ante la Suprema Corte.
Los abogados de la familia —Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao y Andrés Noetzly— sostienen que los hechos deberían ser calificados como homicidio con dolo eventual, ya que los empresarios eran plenamente conscientes del riesgo al que exponían a los asistentes.
Argumentan que se priorizó el lucro por encima de la vida y que existió indiferencia frente a un desenlace posible y evitable.
Además, los letrados denunciaron que, tras la caída de Emilia en la pileta, un familiar de uno de los imputados interrumpió las maniobras de reanimación y sacó a la joven del predio, con el presunto objetivo de evitar que muriera dentro del evento y así disimular el hecho.
Con el rechazo de la Corte provincial, la causa queda cerrada en términos formales, pero no en el plano simbólico ni social.
La familia, que aguardaba con expectativas una revisión más profunda de lo sucedido, decidió suspender la radio abierta y movilización convocadas para este miércoles en avenida 13 entre 47 y 48, aunque anticiparon que seguirán reclamando justicia.
“Estamos frente a una Justicia que se niega a escuchar a las víctimas y que le da la espalda a la verdad. Esto no fue un accidente, fue una tragedia evitable. Emilia murió por una fiesta montada con total desprecio por la vida”, expresó uno de los representantes legales.
Desde la querella no descartan acudir a instancias internacionales. “Vamos a agotar todos los caminos posibles para que se reconozca la gravedad de lo que pasó y se condene a los responsables como corresponde”, afirmaron.