Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA) advirtieron que a las dificultades financieras que atraviesan muchas instituciones educativas -marcadas por atrasos en los pagos y en la actualización de aranceles- se suma ahora otro factor que ya generó reclamos en distintos sectores: la presión impositiva de algunos municipios. Según estimaciones del sector, en determinados distritos las escuelas podrían llegar a pagar cerca de 20 millones de pesos anuales en concepto de tasas.
En un comunicado, AIEPBA señaló que “el sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires, que representa casi el 30% de la cobertura educativa y alberga a más de 1,3 millones de alumnos, atraviesa un escenario de creciente incertidumbre”.
La entidad explicó que a los problemas financieros que ya enfrentan numerosas instituciones -como el atraso en la actualización de cuotas, el aumento de los costos operativos y la caída de la matrícula- se suma “una nueva preocupación: la presión impositiva que comienzan a aplicar algunos distritos y que podría extenderse a otros municipios”.
Pilar, caso testigo
Uno de los casos que encendió la alarma en el sector es el del municipio de Pilar. Allí, según señalaron desde la entidad, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 112/25 que establece un aumento del 100% en la tasa de seguridad e higiene y fija además una contribución obligatoria de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las pymes, categoría en la que también quedan incluidas las escuelas privadas.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), Martín Zurita, explicó que la medida podría tener “un fuerte impacto” en las instituciones educativas, que suelen contar con planteles numerosos.
“Una escuela privada es una pyme particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio cuenta con entre 60 y 120 trabajadores”, señaló.
De acuerdo con los cálculos del sector, una institución de tamaño medio podría llegar a pagar entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales en tasas municipales, lo que representaría más de 20 millones de pesos al año.
“En el contexto actual es realmente inexplicable esta situación para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, quien adelantó que la entidad analiza distintas medidas para que las autoridades municipales reconsideren la decisión.
Salarios docentes y presión sobre las cuotas
Desde AIEPBA también señalaron que el escenario financiero de las instituciones privadas se vuelve más complejo en el marco de la negociación paritaria docente en la provincia.
El Gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 9% en tres tramos, que se sumaría a los aumentos otorgados a fines del año pasado. Desde el sector educativo privado indicaron que “no se cuestionan las mejoras salariales”, pero advirtieron que resulta necesario autorizar una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar los pagos.
“Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grave y difícil de afrontar”, explicó Zurita.
En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados reciben aportes estatales, lo que implica que los incrementos en las cuotas deben ser autorizados por el Gobierno provincial.
Cierres de escuelas y caída de matrícula
Zurita también se refirió a los cierres de instituciones educativas privadas registrados en los últimos años, tanto en el conurbano bonaerense como en la ciudad de La Plata.
Según explicó, se trata de un fenómeno que comenzó a evidenciarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores. Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula —con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años—, el atraso en los aranceles, el aumento de las tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias, lo que elevó los niveles de morosidad.
“Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica: están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, concluyó.