El programa «Manos a la Obra, construyendo una sociedad segura», presentado ayer por el ministerio de Seguridad y que implementará el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en todo el país, tiene como objetivo que todos los reclusos cumplan tareas laborales en las cárceles en las cuales se encuentran alojados, como una estrategia para la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad.
«La ociosidad laboral de los internos conlleva a un aumento notable de los índices de violencia y alteraciones al orden, generando una subcultura carcelaria vinculada al delito, totalmente contrario al concepto de de reinserción social», advierte la resolución del SPF que crea el programa.
A través de esa resolución, se implementa un sistema biométrico de control de asistencia destinado a registrar y monitorear la efectiva prestación de las actividades laborales de las personas privadas de la libertad.
Asimismo, instruye a la Dirección General de Régimen Correccional y a la Presidencia del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del SPF, a que en un plazo de 30 días elaboren una propuesta de las acciones necesarias para la implementación del plan de acuerdo con los lineamientos establecidos en la normativa.
Se conformó también una “Comisión de trabajo” presidida por la Subdirección Nacional, e integrada por la Dirección General de Régimen Correccional y la Presidencia del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del SPF para que 60 días eleven un proyecto normativo que regule de manera específica el trabajo en contexto penitenciario.
En los considerandos de la medida que crea el programa, se señala que «en el marco del concepto de devolver a la sociedad argentina el daño causado y los recursos invertidos por el Estado Nacional al momento de efectuar un tratamiento penitenciario efectivo, se hace necesario realizar una contraprestación laboral real por parte de la totalidad de la población penitenciaria en cualquier instancia de alojamiento que se encuentren los reclusos, en pos de la seguridad y el orden públicos».
«De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina, las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, lo que denota que es fundamental para una adecuada reinserción social, generar una cultura de trabajo y de la responsabilidad resarciendo el daño cometido a la sociedad», señala.
En una primera etapa, «Manos a la obra» busca impulsar acciones que «fomenten la adquisición de habilidades laborales a través de la formación en oficios, como una estrategia fundamental para la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad».
Según se reveló, en el diagnóstico de riesgo de corrupción que se realizó en el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del SPF «se han detectado ciertas vulnerabilidades asociadas a los procesos relacionados con el trabajo, como un deficiente monitoreo de actividades y desempeño laborales, inexistencia de sistemas biométricos que permitan monitorear las actividades y el desempeño de los internos, así como la ausencia de un enfoque de riesgo y necesidad, basado en evidencia en la actividad laboral de los personas privadas de la libertad».
«El sistema de control de presentismo de los internos trabajadores no brinda la seguridad necesaria a los efectos de verificar las horas realmente trabajadas, así como también la ausencia de un análisis que defina la relación existente entre las necesidades a satisfacer en materia de tareas de limpieza de los establecimientos penitenciarios, y la cantidad de horas asignadas a los internos a tales efectos», se explica en la resolución.
El relevamiento que hizo la gestión a cargo de Patricia Bullrich demostró que solo estaba ocupada el 34% de la capacidad laboral, cuando se puede alcanzar más del 60%.
Es por ello que se contempla la implementación de controles biométricos, lo que «permitirá una mayor seguridad, eficiencia y efectividad en el registro y monitoreo de las actividades laborales de las personas privadas de la libertad, y generará mayor trazabilidad y transparencia a los procesos involucrados».
«Los sistemas biométricos reducen la posibilidad de errores en el registro de asistencia y horarios, lo que ahorra tiempo y recursos, así como también promueve la transparencia, la integridad pública y la prevención de la corrupción», destaca la normativa oficial.
«Manos a la obra es ocio cero. El ocio además no es un tratamiento penitenciario. Es entrar en la cultura tumbera y no lo vamos a permitir; esa es la cultura de la destrucción social. A partir de ahora, todos los presos van a trabajar”, indicó ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al presentar el programa en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
«Hasta hoy la gran mayoría de los presos de Argentina cobraban un salario por estar en la cárcel. Ahora va a ser al revés: todos van a tener que trabajar. Fin», publicó en su cuenta de X el vocero presidencial Manuel Adorni.
La prueba piloto del programa comenzó en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza, donde el personal penitenciario organizó un esquema para que las internas se encarguen del mantenimiento de los edificios.
Actualmente, se están terminando de pintar los interiores de las instalaciones para continuar con el exterior, y esto se replicará en todo el país.