Lucas Pertossi, condenado a 15 años de prisión por el homicidio de Fernando Báez Sosa, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se declare la nulidad de la sentencia y se realice un nuevo juicio.
El hombre de 27 años se encuentra detenido en La Plata junto a los otros siete condenados tras haber sido sentenciado el 6 de febrero de 2023 a 15 años de cárcel como partícipe secundario del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves.
Desde diciembre pasado es representado por Ignacio Nolfi, defensor ante el Tribunal de Casación bonaerense.
En la presentación ante el máximo tribunal nacional, la defensa sostuvo que existió una “vulneración estructural del derecho de defensa en juicio” debido a la presencia de intereses contrapuestos entre los imputados y a que todos compartieron la misma defensa técnica durante el proceso.
Según el planteo, desde el inicio de la investigación había diferencias en los roles atribuidos a cada acusado y en el peso de la prueba en su contra, lo que -a criterio del letrado- requería estrategias defensivas diferenciadas.
En ese marco, argumentó que los tribunales debieron intervenir para evitar que la defensa común afectara la situación particular de su asistido.
El abogado solicitó que se declare la nulidad de lo actuado desde el momento en que se habría configurado esa situación, incluida la sentencia condenatoria, y que se ordene la realización de un nuevo debate con una defensa técnica “efectiva, autónoma y acorde a su verdadera situación fáctica y jurídica”.
El fallo original fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, que impuso prisión perpetua a Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli. En tanto, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli recibieron, al igual que Lucas Pertossi, penas de 15 años de prisión.
Los ocho condenados permanecen alojados en la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero, en La Plata, por el homicidio ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.
Las condenas aún no están firmes: la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires debe resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, la querella y las defensas.
Además, parte de los planteos ya fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que analiza recursos vinculados a presuntas vulneraciones de garantías constitucionales.