En el marco de la ola de despidos a empleados de la administración pública nacional, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron sobre “el desmantelamiento y cierre de programas cruciales” para las políticas de promoción y protección de los derechos humanos en el país, así como de la democratización de las fuerzas armadas.
Así lo afirmaron en un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional, a cargo de Valeria Taramasco, y la Junta Interna del sindicato en el Ministerio de Defensa, que encabeza Luis Petri.
Según denunciaron, en las últimas horas, se produjeron despidos en distintas dependencias de esa cartera, pero las áreas que tuvieron mayor cantidad son los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Sistema de Archivos para la Defensa, dependientes de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del ministerio de Defensa, los cuales fueron “desmantelados y cerrados los programas a los que pertenecían”.
La decisión -adoptada por el ministro Petri; el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general (R) Claudio Pasqualini y del Director Nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes- implicó el despido de 10 de los 13 trabajadores de esas áreas.
“Estas decisiones significan poner fin a una política pública de promoción y protección de los Derechos Humanos y de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas que se inició en 2006 y que se mantuvo ininterrumpidamente desde entonces y durante diferentes gestiones ministeriales”, señalaron en un comunicado de prensa.
Según se explicó, los Equipos de Relevamiento y Análisis documental “trabajan desde hace 13 años para dar respuesta a requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de distintas dependencias del Poder Judicial en el marco de causas por delitos de Lesa Humanidad, tanto nacionales como internacionales”.
Además, llevan adelante proyectos destinados a ampliar el acceso de la sociedad en su conjunto a los archivos de las Fuerzas Armadas.
“La tarea de los ERyA ha sido reconocida regional e internacionalmente por ser un caso paradigmático de tarea de archivo realizadas por civiles en dependencias de las FFAA, que permitieron el aporte a causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad en todo el país cometidos en períodos de interrupción democrática, y también para la implementación conjunta de normalización y modernización archivística”, remarcaron también.
Finalmente, desde ATE se solicitó “la continuidad de esta política pública de prestigio nacional e internacional” así como “la reincorporación a sus puestos de trabajo de todos los profesionales despedidos, para garantizar de este modo el cumplimiento de las obligaciones que el Ministerio de Defensa tiene con el Poder Judicial y con la sociedad en su conjunto”.