El Gobierno formalizó este martes la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, a través del Decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida -que había sido anticipada dos semanas atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni– habilita la transferencia del 44% de las acciones de la compañía mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, mientras que el 51% quedará en manos del Estado, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En tanto, un 5% del capital accionario será destinado a los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.
El texto establece que el Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, dictará las normas operativas y complementarias necesarias para llevar adelante el proceso, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. También participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo argumentó que la decisión busca garantizar la continuidad de las operaciones de NA-SA “de manera eficiente y competitiva” y señaló que la incorporación de capitales privados es “el medio más idóneo” para asegurar financiamiento en proyectos estratégicos, como la extensión de vida de la central Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles gastados en Atucha II.
Actualmente, la participación accionaria de Nucleoeléctrica se distribuye entre el Ministerio de Economía (79%), la CNEA (20%) y Energía Argentina S.A. (1%). Con el nuevo esquema, esas participaciones deberán ser transferidas a la Secretaría de Energía para dar curso al proceso licitatorio.