El gobierno busca profundizar los controles de las DDJJ y reforzar el sistema de sanciones

El gobierno estudia la forma de potenciar los controles de las declaraciones juradas que presentan anualmente los funcionarios y pretende hacer más efectivas las sanciones para los incumplidores, informaron fuentes oficiales.
Para ello, la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Laura Alonso trabaja junto a la parte jurídica del Ministerio de Justicia en la redacción de un proyecto de decreto que incluya esas modificaciones.
“Es una iniciativa muy importante en términos de fortalecer dos dimensiones del sistema de las declaraciones juradas: una es el control que podemos hacer sobre la información que contienen, y el otro son los mecanismos para hacer efectivas las sanciones de los incumplidores”, explicaron a Télam fuentes de la dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA que trabajan en la redacción de la norma.
En ese marco, señalaron que en 2013 se produjo un “retroceso muy grande” en materia de control, por medio de una ley que “convirtió en reservada cierta información, muy útil y necesaria, que era pública” hasta entonces.
Entre esa información que se convirtió en reservada, se encuentran todos los antecedentes laborales del funcionario, así como los datos relacionados con su cónyuge y sus hijos.
“Una de las funciones de la OA, al analizar las declaraciones juradas, además de detectar indicios de enriquecimiento ilícito, es la de encontrar posibles conflictos de intereses y sin la información de los antecedentes laborales el sistema se convierte en rengo”, según explicaron las fuentes.
Con las modificaciones que incluiría el decreto en estudio, toda esta información volvería a ser pública.
La iniciativa oficial también incluirá dos cuestiones que hoy están presentes en la normativa vigente pero que son de “dificultosa aplicación”, según precisaron las fuentes.
Una de ellas tiene que ver con la retención del 20 por ciento del salario para aquellos funcionarios que no hayan cumplido en tiempo y forma con la presentación de sus declaraciones patrimoniales.
“Actualmente existe una resolución del ministerio de Justicia, pero queremos elevarlo a decreto y hacer más fácil el procedimiento, que hoy tiene muchas etapas, con distintas intimaciones”, indicaron los informantes, que recordaron que durante al año pasado esa retención se aplicó a más de 100 funcionarios.
“Pero queremos que se despliegue aún más, eliminando procedimientos y haciéndolo menos burocrático”, dijeron las fuentes consultadas.
Por último, el gobierno busca que aquellos funcionarios que no hayan presentado la baja de sus declaraciones una vez que finalicen sus funciones no podrán volver a ocupa un cargo en el Estado.
Un ejemplo de esta iniciativa ya se está aplicando en la provincia de Buenos Aires, donde -en las últimas horas- se conoció que unos 30 comisarios y subcomisarios de la Policía bonaerense serán cesanteados por no haber presentado las declaraciones juradas de sus bienes.
Se trata los jefes policiales que, vencido el plazo otorgado para presentar sus DDJJ, se han negado a presentar el detalle de los bienes y cuentas que poseen, como dispuso el gobierno bonaerense.
Según explican en la OA, el artículo 9 de la ley de ética pública prevé que no puedan reingresar a la administración pública este tipo de incumplidores, pero la norma es como “letra muerta” ya que nunca fue reglamentada por lo que se buscará subsanar con el decreto de próxima aparición.
Asimismo desde la oficina que encabeza Laura Alonso están trabajando en convertir el sistema de gestión de las declaraciones juradas, que actualmente “es muy precario y manual”, en un esquema completamente informatizado.
El gobierno acaba de prorrogar el plazo de vencimiento para la presentación de las declaraciones patrimoniales al 31 de julio, debido a la decisión de la AFIP de también posponer el vencimiento de los plazos para presentar las declaraciones de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales.
Tras actualizar el listado de funcionarios cumplidores e incumplidores, la OA informó que entre los más de 50 mil funcionarios obligados a presentar su declaración jurada, se observó un cumplimiento superior al 90 por ciento, lo cual “refleja un gran avance en comparación al año pasado”, según destacó el organismo en un comunicado.