El Gobierno nacional oficializó la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Gran Ducado de Luxemburgo, según se publicó en el Boletín Oficial.
La medida establece que el funcionario mantendrá en simultáneo sus funciones como representante argentino ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, en línea con lo dispuesto por el Decreto 268/2026.
La designación se concretó luego de que el país europeo otorgara el correspondiente plácet diplomático, requisito necesario para avanzar con el nombramiento.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la decisión se inscribe en una política de reorganización de la estructura diplomática, que previamente había dispuesto la unificación de sedes en Bruselas mediante el Decreto 94/2026, con el objetivo de “racionalizar el gasto público” y avanzar hacia una administración más austera.
En ese esquema, la embajada en Bélgica concentra también la representación ante la Unión Europea, integrando funciones que antes se desarrollaban de manera separada.
Iglesias ya se desempeñaba en el área tras haber sido designado semanas atrás, luego de la aprobación de su pliego en el Senado de la Nación, en una sesión en la que también se trató el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Durante ese proceso, su postulación fue analizada en la Comisión de Acuerdos, donde recibió cuestionamientos de sectores del kirchnerismo, que anticiparon su rechazo y plantearon objeciones durante el debate.
A pesar de esas críticas, el oficialismo avanzó con el dictamen favorable y logró la aprobación en el recinto, lo que permitió formalizar su designación.
Según se argumentó al momento de su nombramiento, el funcionario cuenta con experiencia en relaciones internacionales y ya había participado en actividades oficiales en el exterior junto al presidente Javier Milei, además de mantener contactos diplomáticos previos con autoridades europeas.
La decisión de acumular funciones en un mismo representante forma parte de la estrategia del Gobierno para ordenar la estructura diplomática y reducir costos, en línea con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.