Con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno oficializó este jueves una profunda reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación, que incluye la eliminación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y la creación de un nuevo organismo orientado a la formación y certificación jurídica.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 475/2025, publicado en el Boletín Oficial. En su lugar, se crea el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP), que tendrá un rol central en la capacitación técnica de los abogados del Estado y en los procesos de selección para cubrir cargos en el ámbito jurídico de la administración pública nacional.
Según detallaron fuentes oficiales, la iniciativa busca concentrar funciones que hasta ahora estaban disgregadas en distintas dependencias y dotar a la Procuración de una estructura “más ágil y eficiente”, en el marco de una revisión general del funcionamiento del cuerpo legal del Estado. La decisión se tomó pocos días después de que la Procuración abriera una investigación interna por posibles filtraciones en el litigio internacional por la expropiación de YPF en Nueva York.
El nuevo esquema incluye la creación de una Dirección Nacional de Sumarios y Auditorías, que tendrá bajo su órbita investigaciones administrativas, auditorías de causas judiciales relevantes y procedimientos disciplinarios. También se reforzarán direcciones clave como la de Dictámenes —que fija los criterios jurídicos para toda la administración pública—, la de Asuntos Judiciales —a cargo de la estrategia del Estado en los tribunales locales— y la de Controversias Internacionales —dedicada a la defensa en litigios en el exterior, especialmente en temas de deuda soberana y tratados—.
El CEFAP, en tanto, será presidido por el Procurador del Tesoro e integrarán su conducción representantes del Ministerio de Justicia, de Economía y de la Secretaría de Transformación del Estado. Estará habilitado a organizar exámenes, foros y convenios con universidades, y certificará el desempeño técnico de los abogados del Estado mediante evaluaciones periódicas.
La norma establece que los programas de formación que ya están en curso seguirán vigentes hasta su finalización, y que todos los recursos materiales de las áreas eliminadas serán reasignados. Desde el Poder Ejecutivo aseguraron que la reforma no implicará costos adicionales, ya que se financiará con fondos existentes.