El Gobierno nacional prorrogó la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) hasta el 4 de enero de 2026, con el objetivo de avanzar en el proceso de auditoría, reforma normativa y rediseño de su estructura orgánica. La medida fue oficializada a través del Decreto 448/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La decisión se fundamenta en la necesidad de corregir deficiencias estructurales detectadas desde el inicio de la intervención y de adecuar el funcionamiento del organismo a los lineamientos de política pública definidos por el Poder Ejecutivo.
A través de la norma, el Ejecutivo ratificó la continuidad de Juan Martín Ozores al frente de la intervención, con rango y jerarquía de secretario, a fin de concluir tareas relacionadas con la actualización regulatoria, la revisión de procedimientos internos, el uso eficiente del espectro radioeléctrico y la reconfiguración del esquema organizativo.
La prórroga comprende el período que va del 8 de julio de 2025 hasta el 4 de enero de 2026. Durante ese lapso se profundizarán los procesos de diagnóstico iniciados en la etapa anterior, con especial énfasis en la creación de equipos técnicos para revisar licencias, concursos, calidad de los servicios de telecomunicaciones y mecanismos sancionatorios a los prestadores.
Según se detalla en los considerandos del decreto, la intervención permitió detectar superposiciones de funciones, discrecionalidad en la administración de recursos y debilidades normativas que obstaculizan la eficiencia operativa del Enacom. También se plantea la necesidad de implementar manuales de procedimiento que unifiquen criterios, agilicen trámites y fijen objetivos concretos de gestión.
En ese marco, uno de los puntos centrales será la actualización de los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos por los licenciatarios de servicios TIC, en línea con lo establecido en la Ley 27.078 sobre el Servicio Universal.
Respecto al espectro radioeléctrico, se prevé un relevamiento integral de su estado y disponibilidad, así como el diseño de un plan de asignación que considere los avances tecnológicos, las tendencias globales y la necesidad de ampliar la competencia en el sector.
Desde el Ejecutivo se remarcó que la intervención debe garantizar una transición ordenada hacia una nueva estructura institucional, que funcione bajo principios de legalidad, eficiencia, control y planificación estratégica. En ese sentido, la continuidad de Ozores fue justificada por su rol clave en la implementación coherente de los cambios iniciados en enero de 2024, cuando se dispuso por primera vez la intervención del organismo.