El Gobierno puso en marcha el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante la Resolución 1198/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, casi un mes después de que se autorizara la operación. La medida dispone la transferencia del 90% de las acciones de la compañía al sector privado y fija un plazo de ocho meses para completar la operación.
El 23 de julio se había anunciado la privatización tras modificarse el estatuto de la empresa, lo que permitió avanzar con la venta del paquete accionario estatal. En esa oportunidad se aclaró que el traspaso no alterará la continuidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento cloacal.
Con la resolución, el Ministerio de Economía instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas –a través de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria– a llevar adelante el proceso. También ordenó a la Secretaría de Obras Públicas preparar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.
Economía precisó que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá contratar a un banco estatal para la valuación de las acciones de AySA, concretar la venta en el plazo de ocho meses y ejecutar todas las medidas necesarias para colocar en los mercados locales las acciones que aún queden en poder del Estado.
El texto oficial remarca que la tasación debe realizarse por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales y, si esto no fuera posible, podrá recurrirse a entidades internacionales o privadas, que no podrán intervenir en el proceso de adjudicación. De todas formas, la tasación conservará carácter de presupuesto oficial.
En paralelo, el Gobierno informó que el Tribunal de Tasaciones manifestó su “imposibilidad” de llevar adelante una valuación completa de la empresa en un tiempo “razonable”.
El esquema de venta combinará dos instrumentos, bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores. Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, el traspaso de acciones buscará modernizar el sector e incrementar la calidad y el valor del servicio.
Respecto del 10% del capital restante, se aclaró que continuará en manos de los trabajadores de AySA, dentro del programa de propiedad participada que la compañía ya tiene vigente.