El jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, aseguró hoy que el Gobierno porteño “no cederá” en la disputa judicial que mantiene con la Nación por los fondos traspasados para la administración de la policía y confirmó que se solicitó una prórroga a la Corte Suprema de Justicia «hasta el 11 de mayo para tratar de alcanzar un acuerdo”.
“Ayer tuvimos una nueva reunión con Nación en la cual acordamos pedir una prórroga en conjunto a la Corte Suprema de la Nación por 15 días corridos o 11 días hábiles, lo que sería un plazo hasta el 11 de mayo”, dijo a la prensa, durante la presentación del plan integral para transformar y recuperar la costa de la Ciudad, encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desde el Parque Saint Tropez.
En ese marco, Miguel contó que “ayer hubo una reunión con funcionarios de la Nación”, en la que “no hubo acuerdo”, ya que “ambas propuestas fueron rechazadas” y que “se pidió una prórroga de 15 días corridos”.
Sobre la situación de las negociaciones, el funcionario porteño señaló que, “hasta ahora, hubo propuestas presentadas por ambas partes que fueron rechazadas”, por lo que “seguiremos debatiendo en las próximas instancias”.
Al plantear la postura de la Ciudad, Miguel dijo: “Lo que no vamos a hacer es ceder en la defensa de los intereses de la ciudad de Buenos Aires porque el traspaso que se hizo en su momento fue de mucha rigurosidad. Por lo tanto, eso lo vamos a seguir defendiendo”.
“Estamos en este proceso a pedido de la Corte y estamos poniendo toda la buena fe para lograr alcanzar un acuerdo, pero siempre la guía es defender los derechos de los ciudadanos de Buenos Aires y defender los recursos que son necesarios para garantizar la seguridad en la Ciudad, que fue la competencia que fue transferida”, agregó.
Los representantes del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires acordaron ayer solicitar una prórroga de 15 días a la Corte Suprema de Justicia para seguir negociando por los fondos del traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña realizada por el macrismo.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo definitivo y de cara al vencimiento del plazo impuesto por el máximo tribunal para el 26 de abril próximo, las partes acordaron pedir una extensión de los plazos para seguir debatiendo.
Durante las últimas tres reuniones se habían realizado ofertas y contraofertas, pero la semana pasada se había alcanzado un «punto muerto» que dejó la situación «lejos» de un acuerdo.
El máximo tribunal entiende en la demanda por inconstitucionalidad presentada por la Ciudad contra la ley que definía que los fondos contemplados por el traspaso de la Seguridad a la Ciudad no corresponden a fondos coparticipables.
La administración de Mauricio Macri había aumentado -por decreto- los fondos coparticipables asignados a la Ciudad, que alcanzaron el 3,75% y adjudicó esa suba a la transferencia de la policía a la órbita porteña.
En 2020, durante la etapa más cruda de la pandemia de coronavirus, el presidente Alberto Fernández decidió la redirección de esos fondos hacia la provincia de Buenos Aires y, en diciembre de ese año, el Congreso sancionó la ley que confirmó que los fondos no se podían derivar de la coparticipación y los montos debían ser negociados entre las partes.