El Ministerio de Seguridad dispuso la creación de una unidad destinada a la coordinación y respuesta ante incidentes de ciberdelincuencia a nivel nacional. La decisión, formalizada mediante la Resolución 19/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, busca fortalecer las capacidades de prevención e investigación de delitos informáticos y garantizar una respuesta eficaz y federal.
El nuevo esquema operará bajo la órbita de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, organismo encargado de coordinar las políticas y programas para el abordaje integral del ciberdelito en el ámbito del Ministerio de Seguridad.
Además, se convoca a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta iniciativa, designando puntos de contacto locales disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.
La resolución se enmarca en el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (ForCIC), que apunta a capacitar a los recursos humanos y optimizar la infraestructura tecnológica necesaria para abordar las complejidades del cibercrimen.
Este programa también promueve la articulación entre el sector público, privado y académico, respetando principios constitucionales y tratados internacionales.
Entre los objetivos principales del programa, se destacan la prevención de delitos ciberdependientes y ciberasistidos, la protección de infraestructuras críticas y el combate a fenómenos como la «ciberdelincuencia como servicio», que facilita la comisión de delitos por parte de individuos con conocimientos técnicos básicos.
La medida toma en cuenta «que la ciberdelincuencia es un delito trasnacional y que en su desarrollo los delincuentes y las víctimas se pueden encontrar en cualquier parte del mundo con una conexión de Internet, lo que obliga a los investigadores de la ciberdelincuencia a modificar sus líneas de indagación».
En la medida, se recordó que para enfrentar esa amenaza, Argentina adhirió al Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa y participó en el comité intergubernamental de la ONU para la redacción de una convención global contra los delitos tecnológicos.
La resolución aclara que la implementación de la Unidad 24/7 y las acciones previstas no implicarán costos presupuestarios adicionales.