El Gobierno nacional ordenó la intervención de la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA) por un período de 180 días, tras detectar irregularidades en su administración. La medida, oficializada mediante el Decreto N° 230/2025 en el Boletín Oficial, responde a los resultados de una auditoría que reveló faltante de documentación, pagos sin constancia y deficiencias en la información brindada a los afiliados.
El Ejecutivo designó como interventor a Graciano Iván Corte, quien asumirá las facultades de administración y ejecución que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud otorga al Consejo Directivo. Además, deberá presentar informes mensuales al Ministerio de Salud sobre los avances en la regularización del organismo.
Según la auditoría de la Superintendencia de Servicios de Salud, OSPICHA percibió más de 731 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución, pero mantiene una deuda de más de 90 millones de pesos en pasivos prestacionales. También se detectaron dificultades en el acceso a prestaciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y la falta de protocolos en salud mental y violencia de género.
El informe determinó que la obra social no presentó el Programa Médico Asistencial correspondiente a 2024 ni cumplió con normativas vigentes. Pese a los descargos realizados por sus autoridades, el Gobierno consideró insuficientes las justificaciones y resolvió la intervención para garantizar el acceso a las prestaciones de los afiliados.