abortoTélam 30/12/2020 Buenos Aires: La vicepresidenta Critina Fernández de Kirchner, en la sesión donde resultó aprobada la Ley de intrerrupción voluntaria del embarazo. Fopto: Prensa Senado

La aprobación de la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) generó diversas sensaciones en el oficialismo, que se mostró «satisfecho» y «orgulloso» a raíz de que «se está ampliando un derecho» y porque el Ejecutivo resultó «fortalecido» con la sanción de dicha norma, aunque desde el Frente de Todos remarcaron que «no es un triunfo del Gobierno, sino de toda una sociedad».
Cuando el tablero del Senado marcó el resultado favorable a la ley de legalización del aborto por 38 a 29 provocó un grito de victoria de miles de mujeres que integran diferentes movimientos feministas y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pero también ese momento de júbilo envolvió al Gobierno nacional.
Las primeras reacciones en el oficialismo fueron de «satisfacción» y «orgullo» porque con esta ley «se amplían los derechos sociales en el país», «se da una respuesta a una demanda histórica de un colectivo de mujeres» y se ha «impulsado el debate en el Parlamento en un año de crisis por la pandemia, cumpliendo con una promesa de campaña», marcaron diferentes fuentes oficiales.
Si bien desde la mayoría de los que integran el Frente de Todos (FdT) se mostraron «contentos» y «celebraron la aprobación de la ley», trataron de mostrarse «mesurados» y remarcaron que «este no es un triunfo del Gobierno, sino de toda la sociedad». Aunque varios senadores resaltaron en sus discursos la «voluntad política» del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que la IVE sea ley.
Por eso, evalúan que el Gobierno y la conducción política de la dupla Fernández-Fernández resultaron «fortalecidos» con la sanción de la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo acompañada por la norma de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el plan de los 1.000 días.
Para el Gobierno esta iniciativa no era una norma más de las que se sanciona a fin de año, sino uno de los temas principales que formó parte de las promesas de campaña del FdT y que cumplió siendo por primera vez el propio Ejecutivo el que envió un proyecto de ley sobre esta temática.
También quedó plasmada la importancia de esta ley para la Rosada con la presencia de funcionarios como la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y los ministros Eduardo «Wado» de Pedro (Interior), Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), y el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
Junto a Massa estuvo sentado el jefe de la bancada de diputados del FdT, Máximo Kirchner, y también se ubicaron en los palcos la viceministra de Salud, Carla Vizzotti; la titular de AySA, Malena Galmarini; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la investigadora y socióloga feminista Dora Barrancos.
El propio jefe de Estado no dejó lugar a dudas sobre la posición del Gobierno respecto a la legalización del aborto en varias oportunidades durante este año: al visitar el Vaticano, en la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo, al enviar la iniciativa de ley y hasta horas antes del inicio de la sesión al afirmar: «Quiero que sea ley».
A diferencia de la actitud del entonces presidente Mauricio Macri cuando impulsó en 2018 el debate de la ley del aborto que fue rechazada, Alberto Fernández y Cristina Kirchner se pusieron al frente del tratamiento para que la norma fuera posible, aunque en el bloque oficialista -al igual que en el resto- hubo libertad de acción para votar.
Con la posibilidad cierta de sumar un traspié político por un tema tan complejo, la conducción del FdT se mantuvo firme en su postura, contradiciendo a aquellos que aconsejaban «dejarlo para más adelante» y «no sumar un posible conflicto interno» en un contexto signado por la pandemia de coronavirus.
La referencia con la pandemia era inevitable porque además la sesión en el Senado comenzó el mismo día que se inició en el país la campaña de vacunación contra la Covid-19, que promete ser «histórica» como lo fue esta jornada legislativa, ya que en Diputados también se aprobó la nueva ley de Movilidad Jubilatoria.
Justamente el coronavirus fue la explicación central que en reiteradas oportunidades esgrimieron desde el Gobierno para argumentar el retraso del envío del proyecto de ley de la IVE luego de 8 meses de haber sido anunciado ante la Asamblea Legislativa.
Algunos especularon que el Ejecutivo prefería postergar el debate, pero la posición de Alberto Fernández fue la misma que en 2018 cuando se rechazó la legalización del aborto en el Senado, cuando el entonces dirigente peronista escribió en su cuenta de Twitter: «El aborto no es una cuestión moral o religiosa. Es una cuestión de la salud pública. Es hora de despenalizarlo».
A 10 años de la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario, muchos funcionarios y legisladores recordaron al expresidente Néstor Kirchner y compararon su injerencia directa para que se aprobara esa ley como lo hicieron el Presidente y la Vicepresidenta con la legislación del aborto.