Un escándalo por abusos sexuales sacude por estas horas a la Legislatura bonaerense, donde dos empleados fueron detenidos acusados de integrar y conducir una presunta organización de características sectarias denominada “Orden de la Luz”, que habría operado durante casi una década para captar, controlar y someter a las víctimas a través de vínculos políticos, laborales y de militancia.
La causa es investigada por la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de La Plata, y las detenciones de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 4, que consideró acreditada la reiteración de los hechos, la pluralidad de víctimas y el riesgo procesal.
Primeras denuncias y antecedentes
Según surge del expediente judicial, los primeros episodios denunciados se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años fue contactada por Rodríguez en ámbitos académicos y políticos bajo la promesa de una pasantía en la Legislatura bonaerense. Ese encuentro, ocurrido en un domicilio particular, habría derivado en un abuso sexual.
Un año más tarde, en 2016, otra joven de la misma edad denunció haber sido citada por Rodríguez a un departamento en la ciudad de La Plata, donde habría sido abusada bajo amenazas con armas blancas. A partir de ese período, la investigación advierte un patrón de reiteración y sistematicidad de los hechos.
Entre 2016 y 2017, los abusos se habrían multiplicado con la participación necesaria de Silva Muñoz, señalada por la fiscalía como una figura central en la captación y el sometimiento psicológico de las víctimas.
La lógica de la “Orden de la Luz”
De acuerdo con la investigación, durante 2017 se consolidó la estructura de la presunta organización denominada “Orden de la Luz”, que funcionaba con jerarquías internas, rituales y un lenguaje codificado. En ese esquema, Rodríguez era presentado como una figura con atributos sobrenaturales bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz ocupaba el rol de guía espiritual o “sensei”.
Las víctimas relataron haber sido sometidas a rituales, entrenamientos, controles permanentes, amenazas y mensajes intimidatorios enviados por correos electrónicos y otros medios digitales. Para la fiscalía, ese entramado no solo operaba como una justificación simbólica de los abusos, sino como una herramienta concreta para anular la voluntad y generar dependencia emocional.
Militancia, Estado y captación
Otro eje central de la causa es el uso de espacios políticos, vínculos laborales y promesas de crecimiento dentro de la militancia como mecanismo de acercamiento a las jóvenes. Según la hipótesis fiscal, las víctimas eran convocadas a tareas militantes con promesas de formación política y oportunidades laborales dentro del Estado.
En algunos casos, esas promesas se materializaban en cargos dentro del Senado bonaerense u otras dependencias públicas, aunque luego se les exigía entregar parte de sus salarios bajo el argumento de “sostener la militancia”. Parte de los abusos, incluso, habrían ocurrido dentro del propio edificio legislativo.
Avance de la investigación
A partir de 2018, la fiscalía describe una profundización de las prácticas coercitivas, con episodios de violencia física y la continuidad de los abusos sexuales, algunos de los cuales se habrían extendido hasta 2022 y 2023. Recién en ese tramo final, varias víctimas lograron romper el cerco de intimidación y avanzar con las denuncias formales.
Rodríguez y Silva Muñoz fueron detenidos el 29 de diciembre y se negaron a declarar ante la Justicia. En paralelo, se ordenaron allanamientos, el secuestro de dispositivos electrónicos, armas blancas y soportes digitales, considerados elementos clave para el avance de la causa.
El expediente reúne hasta el momento al menos cinco víctimas, cuyas identidades se mantienen bajo estricta reserva. Para la fiscalía, los elementos incorporados permiten sostener que se trata de una trama sostenida en el tiempo, con roles diferenciados y una lógica de sometimiento propia de una organización sectaria, y no de hechos aislados.