El Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios bonaerense advirtió a sus integrantes que podría sancionarlos si no logran el quórum para dar apertura al juicio político contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, procesado por delitos de lesa humanidad por la justicia federal de San Martín.
Es que legisladores de Cambiemos y del Frente Renovador se ausentaron en las dos reuniones en que debía analizar el accionar de Fernández Garello, por lo que no se logró sesionar.
Fuentes legislativas precisaron a Télam que por indicación del presidente del Jurado y titular de la Suprema Corte provincial, Eduardo De Lazzari, se envió una resolución a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento en las que se les pidió informar si la ausencia a las audiencias «corresponden a circunstancias debidamente justificadas por situaciones excepcionales que deberán acreditar».
La resolución del Jurado, a la que tuvo acceso este medio, advierte que de no lograrse el quórum necesario para celebrar la próxima audiencia, podrá sancionarse a los legisladores que no cumplan con sus obligaciones legales aplicando multas de hasta una dieta, suspensiones e incluso su reemplazo.
En tanto, se podrá remover a los abogados del jurado y pedir suspensiones en el ejercicio profesional de entre un mes y hasta un año.
Ante las ausencias reiteradas de integrantes de ese jury, el jurado presente recordó que el ejercicio de la función asignada a cada miembro constituye «una carga pública insoslayable en atención al interés público comprometido».
Los legisladores que faltaron a la reunión fueron Santiago Nardelli y Juan Pablo Allan, ambos de Cambiemos; y Jorge D’Onofrio y Lisandro Bonelli, del Frente Renovador.
A ellos se sumaron los representantes del Colegio de Abogados de la Provincia, Horacio Enrique Hernández y Horacio Alberto Vero.
Sólo De Lazzari, y los abogados Carlos Zimmermann y Leandro Matilla se hicieron presentes en la audiencia.
La situación de Fernández Garello se agravó el lunes pasado con el fallo de la Cámara Federal de San Martín que confirmó el procesamiento dictado en primera instancia por su participación en el secuestro y tortura de tres militantes comunistas en 1981, cuando se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)
En esos tiempos, Fernández Garello participó de un operativo conjunto entre efectivos de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo.
El actual funcionario judicial está imputado, además, por su participación en el secuestro y asesinato de la militante y delegada sindical Ana María Martínez.