El conflicto entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno nacional sumó en las últimas horas un nuevo frente de tormenta. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, presentó un reclamo formal ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por una deuda acumulada desde 2024 vinculada al Servicio Alimentario Escolar (SAE) que, según la Provincia, supera los $220.000 millones.
En la nota enviada a la cartera nacional –con sello de recepción del 20 de abril–, el gobierno bonaerense solicitó además la incorporación de financiamiento nacional para el Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria), que desde su creación durante la pandemia en 2021 fue sostenido íntegramente con recursos provinciales, sin aporte del Estado nacional. Se trata de la entrega mensual de módulos con productos secos destinados a las familias de estudiantes que asisten a escuelas públicas. Para garantizar la continuidad de ese programa, la Provincia reclamó una partida de $372.308.874.696.
En cuanto al SAE, el documento oficial detalló la brecha entre lo recibido y lo necesario: en 2025, la Nación transfirió $77.523 millones, muy por debajo de los $130.939 millones solicitados. Para 2026, la propuesta nacional contempla $80.883 millones –un incremento nominal de apenas el 4%–, cuando la Provincia estima que se necesitan $177.000 millones para mantener el nivel operativo, dado que la inflación alimentaria acumulada ronda el 30%. La diferencia año tras año, argumentó el escrito, es lo que generó la deuda de más de $220.000 millones.
Larroque difundió el reclamo en sus redes sociales: «Hemos presentado un reclamo formal a la ministra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde 2024 por el SAE. Asimismo, solicitamos financiamiento para el Programa MESA que actualmente sostenemos íntegramente con recursos provinciales», posteó. Kicillof replicó la publicación del funcionario.
La respuesta de Nación: rechazo total
Horas después, Capital Humano emitió un comunicado con un rechazo sin concesiones. La cartera sostuvo que «no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales», y recordó que el SAE «es un programa de gestión y responsabilidad provincial». Según el texto oficial, el aporte nacional cubre apenas el 20% del costo total de los comedores escolares bonaerenses, mientras que el 80% restante corresponde a la administración de Kicillof.
El ministerio fue tajante respecto de las acusaciones: «El Gobierno nacional no mantiene deuda alguna con la Provincia de Buenos Aires» y rechazó «el intento de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus programas». Para reforzar su postura, la cartera mencionó que el presupuesto nacional destinado a iniciativas de calidad educativa creció un 72% entre 2025 y 2026, al pasar de $345.319 millones a $594.841 millones.
La interna peronista como telón de fondo
En paralelo al cruce con la Nación, el conflicto también dejó al descubierto tensiones dentro del propio peronismo bonaerense. El senador y exintendente de José C. Paz Mario Ishii –vicepresidente primero de la Cámara alta y referente del espacio cercano a Cristina Kirchner– presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en toda la Provincia por 18 meses.
En el texto, Ishii sostuvo que el gobierno de Kicillof tiene «la obligación jurídica de intervenir» ante la «imperante crisis social» y cuestionó la asignación del gasto provincial. «El hambre no admite dilaciones ni justificaciones macroeconómicas», afirmó. La iniciativa propone un incremento inmediato de partidas para comedores escolares, merenderos y programas de asistencia directa, con actualización bimestral por IPC y la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Alimentaria.
En el entorno de Kicillof no tardaron en leer la jugada. «Es un proyecto de La Cámpora», señalaron cerca de Larroque, quien respondió de manera indirecta –y a través de las redes sociales– apuntando al gobierno nacional por las deudas acumuladas y su impacto en las políticas alimentarias.