El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este martes de una nueva audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la demanda que la provincia de Buenos Aires mantiene contra el Estado nacional por una deuda superior a $2,3 billones vinculada a fondos previsionales.
Durante el encuentro -el segundo entre las partes- el máximo tribunal instó al Gobierno nacional y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a presentar una propuesta concreta de pago el próximo 10 de junio, en busca de avanzar en una solución al conflicto.
Kicillof asistió acompañado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; y la titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti.
“Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”, sostuvo el mandatario provincial tras la audiencia.
La demanda de la administración bonaerense se originó a partir de la interrupción de las transferencias que la ANSES debe realizar por ley a aquellas provincias que mantienen sus sistemas previsionales sin transferir a la órbita nacional.
En ese marco, el Gobernador remarcó que la provincia mantiene ocho reclamos ante la Corte Suprema por distintas deudas que, en conjunto, superan los $15 billones. “Es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, subrayó.
Asimismo, Kicillof vinculó la situación con el contexto económico general y señaló que “todo esto se suma a un escenario muy complejo, producto de un Gobierno nacional que generó una fuerte presión sobre las provincias y los municipios: además de interrumpir el envío de fondos, sus políticas económicas incrementaron las necesidades de la población”.
Además del reclamo previsional, la provincia inició otras siete demandas contra el Estado nacional por recortes en áreas como seguridad —a través del Fondo de Fortalecimiento Fiscal—, transporte —mediante el Fondo de Compensación al Transporte del Interior—, salarios docentes —por el Fondo Nacional de Incentivo Docente—, así como por fondos destinados a bosques nativos, la eliminación del sistema de boleto integrado, restricciones para el financiamiento de obras y el incumplimiento del Consenso Fiscal.
“No es optativo enviar estos recursos: es una obligación y un derecho de nuestro pueblo, que vamos a seguir defendiendo hasta obtener una respuesta”, concluyó el mandatario bonaerense.