El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este lunes que, junto a su equipo de asesores legales, analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal por el supuesto caso de espionaje de la exSecretaría de Inteligencia del Estado (SIDE( sobre dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas y agrupaciones de jubilados u organizaciones de personas con discapacidad.
El mandatario bonaerense expresó en sus redes sociales que «a la asfixia económica se suma la persecución política» y precisó: «A raíz de un informe periodístico publicado en los últimos días estamos evaluando presentar una denuncia penal por el supuesto espionaje de la Secretaría de Inteligencia del Estado sobre dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas y otros sectores, en una clara violación a la ley de Inteligencia Nacional. No vamos a permitir que estas prácticas se instalen como forma de gobernar la Argentina».
La información fue revelada este fin de semana por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, quien accedió a un documento que lleva por título Hechos Previstos 09JUL25, que da cuenta de que la SIDE monitoreó qué protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales estaban previstos para ese día.
El 9 de julio cayó miércoles, día en el que suele haber movilizaciones en la zona del Congreso encabezadas por los jubilados. En esa fecha, también, venció el plazo para la presentación de las alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires y los principales referentes de Fuerza Patria -Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner- estuvieron reunidos en la Gobernación, en La Plata. El reporte da cuenta de ese encuentro, así como de uno similar entre entre los dirigentes del radicalismo y del PRO, Facundo Manes y Néstor Grindetti, respectivamente.
En conferencia de prensa, esta mañana, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, también explicó que el gobierno provincial analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal por espionaje ilegal.
«Es una violación fragrante a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, que sostiene que ningún organismo de inteligencia puede obtener información sobre personas por sus opiniones políticas, su pertenencia a organizaciones sociales, sindicales o políticas», reflexionó el funcionario e indicó: “La ley es clara en cuanto a las limitaciones del accionar de los servicios de inteligencia, y lo que expone este informe es de una gravedad institucional enorme”.