La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados buscará avanzar hoy en el dictamen de un proyecto para reformar la ley de fueros, que busca facilitar el accionar de la Justicia cuando disponga allanamientos a propiedades de legisladores nacionales, tras un acuerdo entre el oficialismo y el massismo.
La iniciativa unificada recibiría dictamen hoy en una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Tonelli (PRO), prevista para las 14.
Luego de varias postergaciones, el oficialismo y los principales bloques opositores –excepto el FPV-PJ que está en contra- lograron acordar un dictamen unificado en base a las propuestas impulsadas por Cambiemos y el Frente Renovador, para quitar la prerrogativa que tienen los parlamentarios, por el cual un juez deba pedir primero el desafuero cuando tenga que allanar un domicilio, como sucedió en la causa donde está investigado el ex ministro de Planificación Julio De Vido.
El oficialismo necesita el acuerdo de otros bloques parlamentarios para aprobar el proyecto en el recinto porque no tiene mayoría y, para eso, se lograron compatibilizar los proyectos presentados por el presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, y de la massista Graciela Camaño.
«Desde Cambiemos éramos partidarios de eliminar ese párrafo de los allanamientos para que los legisladores sean como cualquier ciudadano pero, como no logramos consenso con la gente del Frente Renovador y el bloque Justicialista, llegamos a un dictamen consensuado con una solución intermedia: en lugar de solicitar la autorización de la Cámara, bastará con que el juez informe al presidente del cuerpo», precisó Tonelli en declaraciones a Télam.
Según el texto, y ante el supuesto de un pedido de allanamiento, la comunicación se realizará al solo efecto de que el presidente de la cámara respectiva «tome conocimiento de la medida ordenada» y no como establecía la ley de fueros, que requería autorización de la cámara respectiva para hacer efectivo el accionar de la justicia.
La iniciativa establece además que el presidente de la respectiva cámara debe designar a un legislador del cuerpo, perteneciente a un bloque diferente del legislador afectado por la decisión judicial, para que se haga presente durante el allanamiento aunque, aclara, que ambos «deberán guardar reserva de las medidas hasta tanto se hagan efectivas».
Entre otras cuestiones, el dictamen obliga al juez –en caso de sentencia condenatoria o verificada su inasistencia a la indagatoria- a pedir el desafuero del legislador a la cámara respectiva dentro de las 48 horas y establece que esa solicitud deberá ser girada dentro de las 24 horas a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara correspondiente.
Si bien el tema de los fueros fue históricamente debatido en el Congreso, la cuestión se reavivó el año pasado luego de que, en mayo, el juez federal Luis Rodríguez debió suspender un allanamiento que había dispuesto realizar a un domicilio de De Vido en la causa en la que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de que la defensa del ex funcionario objetara el procedimiento con el argumento de que poseía fueros por su condición de diputado nacional.