La Procuración General de la Nación determinó en un dictamen que la Corte Suprema debe intervenir en la demanda que impulsó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, contra el Estado Nacional por la quita del Fondo de fortalecimiento fiscal de la Provincia de Buenos Aires (FOFOFI).
La provincia de Buenos Aires reclama al gobierno de Javier Milei una cifra cercana a los 80 mil millones de pesos por el recorte del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.
El Tribunal originario para intervenir en esta demanda de la Provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional, «es la Corte Suprema» según opinó la procuradora general adjunta Laura Monti.
Al igual que otros gobernadores, Kicillof acudió a la Corte Suprema como instancia natural para reclamar por la medida adoptada por el Poder Ejecutivo sobre parte de los fondos coparticipables.
El reclamo central de la gobernación bonaerense es la declaración de inconstitucionalidad del decreto 192/24 que derogó el fondo conocido como FOFOFI. Al adherir al Régimen de Coparticipación «la Provincia de Buenos Aires perdió más de seis puntos de coparticipación respecto de lo que percibía en ese momento», indica la demanda.
A la hora de fundamentar el reclamo que llegó a la Corte, el mandatario provincial sostuvo que dicho programa de financiamiento, tenía como finalidad “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de esa jurisdicción local”.
Al analizar el reclamo sobre el cual se pidió la opinión de la Procuración General de la Nación, la adjunta Laura Monti, opinó que frente al reclamo de la Provincia, “a quien le concierne la competencia originaria de la Corte”, al entender que es una demanda contra el Estado Nacional y que la única forma de “conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria”.
La demanda formulada por la administración bonaerense explícita que se requiere el desembolso del 1,18% de la recaudación de diciembre 2023, “que debió transferirse en enero de 2024, por 33.676.934.796 pesos y el correspondiente a enero de 2024, a transferirse en febrero de 2024, por la suma de 43.959.428.629 pesos”.
De allí las cuentas que realiza el gobierno de Kicillof asciende a unos 80 mil millones de pesos.
Frente al reclamo y al pedido de inconstitucionalidad de una decisión adoptada por el Estado central, es que la Procuración entendió que por tratarse de un conflicto entre una provincia y el Ejecutivo Nacional, es la Corte la única que debe intervenir y dirimir el conflicto.
“A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, el sub lite corresponde a la competencia originaria de la Corte en razón de las personas”, indicó Monti en el dictamen.
El criterio expresado por la procuradora general adjunta no dista del que expresó Eduardo Casal sobre el planteo de otros distritos, pese a ello, la decisión de la Procuración no es vinculante.
A la hora de sustentar porqué acudió al máximo tribunal, la provincia señaló que responde, en gran medida, al alto número de litigios asociados a la ley de coparticipación vigente, “existiendo en ese momento más de cincuenta procesos judiciales entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculados al régimen de coparticipación, entre los que se encontraba pendiente de resolución el iniciado por la Provincia referido al “Fondo del Conurbano Bonaerense”.
Ante la medida del presidente Javier Milei, el gobernador bonaerense expresó que el criterio adoptado es “arbitrario, discriminatorio e irrazonable”.
Junto con ello Kicillof indicó en la demanda judicial, que el gobierno nacional no tuvo en cuenta el destino de los fondos recortados. “Desconoce las circunstancias de la creación del FOFOFI y el contexto de desigualdad crónica de la Provincia de Buenos Aires en materia de distribución de recursos coparticipables”, expresa la presentación.
En duros términos la administración bonaerense se refirió a la política impulsada por la Casa Rosada, al comprender que responde a una motivación “aparente, forzada, sesgada, parcial, incompleta y falsa, en tanto recarga sobre la Provincia de Buenos Aires el peso o la supuesta responsabilidad fiscal, castigándola y discriminándola frente al resto de las jurisdicciones”.
En la actualidad -según la administración bonaerense en la demanda- están recibiendo únicamente el 22% de los recursos coparticipables “aun cuando concentra el 38,2% de la población, aporta el 35% del PBI nacional, posee el 42% de la población económicamente activa, el 50% del valor agregado industrial, concentra el 38% de la matrícula educativa, el 38% de las camas de terapia intensiva y posee una alta vulnerabilidad social, pues en su territorio residen aproximadamente un 58% de personas pobres y un 61% de indigentes”.