La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) aprobó el reglamento de ingreso a su carrera profesional y autorizó la convocatoria al Concurso Público de Ingreso 2027 para el Curso Básico de Ingreso (CBI) de la Escuela Nacional de Inteligencia. La inscripción estará abierta desde hoy y hasta el 30 de noviembre, a través de la plataforma web que habilite la Escuela.
Así lo dispuso la Resolución 941/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra. La norma reglamenta el estatuto para el personal del organismo aprobado por el Decreto 1021/26, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2027 y fija que aprobar el CBI es condición necesaria para incorporarse a la carrera.
La convocatoria es abierta a la ciudadanía y se repetirá todos los años. Pueden participar los argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan los requisitos del estatuto y no estén alcanzados por sus impedimentos e incompatibilidades. Además, deben acreditar el título que se exige para el perfil al que se postulan y presentar la documentación que pida la Escuela.
Una vez cerrada la inscripción, el secretario de Inteligencia definirá los cupos y los perfiles requeridos según las necesidades del organismo. Con esa definición, la Escuela hará una preselección entre los admitidos, y solo quienes la superen seguirán en carrera.
Cuatro instancias, todas eliminatorias, esperan a los preseleccionados. La primera es un examen escrito de conocimientos generales. Le sigue una evaluación física, psicológica, psicotécnica y de contrainteligencia, cuyo resultado será “apto” o “no apto” y tendrá carácter reservado. La tercera es un examen escrito de idoneidad sobre las competencias técnicas del perfil, preparado y corregido por profesores “de reconocida trayectoria académica”. La última es un coloquio ante un tribunal de tres funcionarios de la SIDE, que evaluará la motivación, la capacidad de análisis, el criterio propio, el trabajo en equipo y la conducta ética.
Los exámenes escritos se corregirán en forma anónima, con códigos personales en lugar de nombres. La Escuela podrá excluir a quienes dejen en sus hojas marcas o signos que permitan identificarlos. Las pruebas se calificarán de 1 a 10, y quien saque menos de 7 en cualquiera de ellas o resulte “no apto” quedará automáticamente afuera. Los postulantes podrán pedir la revisión de su nota dentro de los cinco días hábiles de notificados.
Con los resultados se armará un orden de mérito. En caso de empate, pesará primero la nota del coloquio, luego la del examen de idoneidad y por último la del examen general. Aprobar todas las instancias, de todos modos, no garantiza un lugar: solo ingresarán al curso los mejor ubicados hasta cubrir los cupos.
Durante la formación, los ingresantes tendrán dedicación exclusiva y cobrarán un “Estipendio Estudiantil” mensual de carácter no remunerativo, que no implica relación laboral con la SIDE ni genera derechos previsionales. Solo de manera excepcional podrán ser autorizados a dar clases o desarrollar actividades académicas en la universidad.
La asistencia será obligatoria y más de cinco faltas injustificadas significarán la separación del curso. El reglamento prevé además sanciones de apercibimiento, suspensión de hasta cinco días o separación por incumplir las obligaciones del curso, las normas de seguridad y contrainteligencia o las pautas de conducta. El plagio se castigará directamente con la separación. Los ingresantes deberán firmar también un compromiso de confidencialidad, cuya violación podrá sancionarse según la Ley de Inteligencia Nacional.
Quienes aprueben el curso podrán ser incorporados como personal de planta condicional, de acuerdo con los cupos disponibles. Quienes lo desaprueben podrán volver a intentarlo en una convocatoria posterior, pero si fallan por segunda vez quedarán inhabilitados para postularse.
El reglamento contempla también programas de intercambio académico con otras instituciones y habilita a personal de academias extranjeras con las que la SIDE tenga convenios a perfeccionarse en la Escuela. La propia resolución lleva la clasificación de seguridad “Público”, con autorización para trascender el ámbito oficial.