Los postulantes a jueces en la provincia de Buenos Aires deberán cursar en una escuela judicial a partir del año 2021, de acuerdo a una normativa que hoy comenzó a regir en territorio bonaerense.
La Ley 15.058 -publicada hoy en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires con las firmas de la gobernadora María Eugenia Vidal y su jefe de Gabinete, Federico Salvai-, fue sancionada por la Legislatura el 25 de octubre pasado y tiene como objetivo alcanzar mayores estándares de calidad y transparencia.
La nueva legislación, una reforma a la Carta Orgánica del Consejo de la Magistratura bonaerense, abarca a postulantes a puestos de magistrados e integrantes del Ministerio Público de la provincia.
El propósito de la iniciativa es que los candidatos lleguen con conocimientos jurídicos y se asegure un seguimiento y perfeccionamiento, garantizando así que accederán los mejores promedios.
En la norma se detalla que el Consejo de la Magistratura deberá «crear, organizar y dirigir la Escuela Judicial, la que establecerá métodos teóricos, prácticos, tecnológicos e interdisciplinarios de preparación, motivación y perfeccionamiento para el acceso y el ejercicio de las funciones judiciales».
Además, «deberá contemplar una organización descentralizada, con representación en cada Departamento Judicial y garantizará la pluralidad académica, doctrinaria y jurisprudencial».
Se especifica que «al menos dos veces por año calendario, el Consejo de la Magistratura convocará a examen de oposición de los postulantes, para cubrir las vacantes que se produzcan en órganos de igual jerarquía y competencia material en cualquier lugar de la Provincia», y se aclara que «sólo podrán rendir el examen de oposición los postulantes que hayan aprobado previamente la escuela judicial».
La norma a la vez determina que la escuela judicial «deberá estar conformada por dos ciclos: uno común a todas las especialidades, destinado a la formación de los cursantes en técnicas y habilidades necesarias para el ejercicio de la magistratura, y un segundo ciclo con
contenidos específicos de técnicas y habilidades propias de la competencia material del órgano por el cual el cursante opte».
Se plantea que en ningún caso la duración de la escuela «será inferior a un año y seis meses, o superior a los dos años”, y se prescribe que «el examen consistirá en una evaluación escrita y una evaluación oral que será videofilmada», además de especificar que «ambas serán públicas».
Se aclara que la aprobación de la escuela judicial «será obligatoria para poder participar en los exámenes de oposición, a partir del 1 de marzo de 2021».