El presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, se refirió hoy a la denuncia de la AFI por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos y consideró que «para poder saquear la Argentina» el ex presidente Mauricio Macri «necesitaba poner en marcha mecanismos de persecución de la oposición y de quienes enfrentábamos esas políticas».
Es que ayer, la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia penal en la que acusó de presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el gobierno de Cambiemos.
En la denuncia, a la que se arribó tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado, se aludió a un presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de unos 86 damnificados.
Sabbatella, que integra la lista de personalidades a quienes el gobierno anterior habría espiado, expresó hoy en declaraciones a radio Provincia que «lamentablemente, esta noticia no nos sorprendió: viene de un equipo de gente que tiene como cabeza al ex presidente, quien asumió procesado por escuchas ilegales».
«Conociendo la historia, sospecho que Macri estaba a la cabeza por todo esto», dijo el dirigente, evaluó que el espionaje ilegal es un hecho de «gravedad política e institucional» y anticipó que respaldará «lo que haga falta para que se investigue a fondo» lo ocurrido.
«Necesitamos saber qué hacía esta gente con esta práctica mafiosa, que degradaba la democracia y las instituciones para investigar y perseguir opositores», continuó y evaluó que el de Macri «fue un gobierno que saqueó a la Argentina y para eso necesitaba poner en marcha mecanismos de persecución de la oposición y de quienes enfrentábamos esas políticas».
El funcionario destacó que, de acuerdo a la denuncia de la AFI, la administración macrista «no sólo escuchaba a la oposición sino también a sectores con los cuales podría tener diferencias dentro de su partido o a periodistas».
Sostuvo que ello «es grave institucionalmente» y calificó al mecanismo como «perverso» por parte de dirigentes «que decían que venían a mejorar la institucionalidad del país».