La investigación por los cuadernos de la corrupción en el kirchnerismo develó este año una trama de corrupción pública y privada montada para recaudar al menos 55 millones de dólares en sobornos con obra pública, transporte y concesiones, y se encamina a una etapa de definiciones judiciales.
Con la ex presidenta Cristina Kirchner procesada como cabeza de una asociación ilícita y cohecho, en un escándalo que sacudió a las principales empresas del país, la pesquisa se focaliza ahora en las sospechas por pago de sobornos en concesiones viales y transporte, y en las decisiones que tomarán los tribunales de apelaciones que intervienen en la causa.
La última medida de impacto fue la citación como acusados de Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente Mauricio Macri, y de Eduardo Eurniekián y otra veintena de nuevos empresarios acusados de pago de sobornos.
Además, y vinculado a la adjudicación de obra pública, el juez federal Claudio Bonadio procesó al CEO de Tenaris, Paolo Rocca, en decisiones que fue sumando al procesamiento masivo firmado en septiembre último y que incluyó a la actual senadora Cristina Kirchner como supuesta organizadora de asociación ilicita y cohecho.
Pero en el caso se dio además otro hecho inédito: una seguidilla de responsables de las principales empresas adjudicatarias de obra pública pisaron los tribunales de Retiro para pedir ser arrepentidos y así evitar ir presos.
Entonces, por primera vez hablaron ante dos fiscales, Carlos Stornelli y Carlos Rivolo, de la cartelización, de la estructura montada para el pago del dinero ilegal a recaudadores como el ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta, y otro devenido en imputado colaborador, el ex secretario de Obras Públicas José López.
Esos fueron los casos de Aldo Roggio, Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri; Juan Carlos De Goycoechea, Javier Sanchez Caballero, Héctor Zabaleta, Carlos Wagner y Juan Chediak, quienes se convirtieron en colaboradores de la Justicia, confesaron el pago de sobornos y quedaron excarcelados.
Sin embargo, no pudieron eludir el procesamiento que en septiembre pasado Bonadio dictó por asociación ilícita, dádivas y cohecho, ahora bajo revisión.
Entre los arrepentidos ex funcionarios del kirchnerismo se destacaron el detenido López y el excarcelado Claudio Uberti, quien estuvo a cargo del órgano que supervisaba las concesiones viales.
El ex ministro de Planificación Julio De Vido, su ex segundo Baratta y otros ex funcionarios, como José María Olazagasti, Rafael Llorens, Nelson Lazarte, y empresarios como Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, siguen detenidos y procesados.
Bonadio también indagó al diputado Máximo Kirchner y a los máximos referentes de La Cámpora, en la parte del caso que investiga el financiamiento de campañas políticas con uso de ese dinero proveniente de recaudación ilegal, y deberá definir si todos fueron parte o no de la asociación ilícita.
La causa suma ya medio centenar de procesados, más de 120 citaciones a declaración indagatoria y una decena de detenciones con prisión preventiva desde que, en agosto pasado, quedó detenido el ex chofer de Baratta y autor de los ocho cuadernos, Oscar Centeno, devenido en el primer arrepentido de la causa.
El juez concluyó que sólo en lo relativo a la obra pública, y de acuerdo al relato de Centeno en sus cuadernos, hubo pagos de sobornos por US$ 55.460.000 millones desde el 2003 al 2015.
La atención se posó ahora en el segundo piso del edificio de Comodoro Py 2002, sede de la sala I de la Cámara Federal porteña, que revisa los primeros procesamientos dictados por Bonadio a la actual senadora y a otros 42 acusados.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Carlos Bertuzzi preparan un fallo definitorio para el caso: marcarán quiénes integraron la asociación ilícita y determinarán si los empresarios formaron, o no, parte de ella.
Además resolverían algunas excarcelaciones de entre la decena de detenidos que tiene el caso, pero, en lo principal, todo indica que quedará confirmado el procesamiento de la ex presidenta y los detenidos ex ministro De Vido y el ex funcionario Baratta como organizadores de asociación ilícita.
Si esa decisión ratifica la prisión preventiva impuesta por Bonadio, el magistrado ya anticipó que insistirá con el pedido de desafuero de la senadora por Buenos Aires ante el Congreso Nacional.
La investigación sumó en estos meses nuevos imputados, distintas aristas, como la que sigue las maniobras de lavado de dinero hechas por Carolina Pochetti, la viuda del fallecido Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.
Se investiga el lavado de 70 millones de dólares en los Estados Unidos, y están presos Pochetti y sus supuestos testaferros.
También están detenidos quienes recibían en Santa Cruz al avión presidencial cuando llegaba desde la ciudad de Buenos Aires transportando bolsos con dinero, según la acusación. Entre ellos está el ex jardinero Ricardo Barreiro, que fuera también secretario de los Kirchner.
En ninguno de los despachos donde por estos días se definen situaciones procesales, prisiones preventivas y nuevas citaciones habrá descanso en la próxima feria judicial de enero, y para el primer semestre del año próximo se prevé la elevación a juicio oral.
