El Ministerio de Seguridad de la Nación impuso este martes la restricción de concurrencia a eventos deportivos a tres hinchas de Aldosivi identificados en los hechos de violencia ocurridos durante el partido ante Newell’s Old Boys en el estadio José María Minella, en Mar del Plata.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 907/2025, firmada por la ministra Patricia Bullrich y publicada en el Boletín Oficial. La disposición alcanza a Carlos Manuel Juárez, Brian Nicolás Ezequiel Otero y Lautaro Ezequiel Pires Gilardi, quienes, según la investigación oficial, protagonizaron los disturbios registrados el sábado 26 de julio en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2025.
La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos logró identificarlos mediante el análisis de imágenes fotográficas y videos difundidos en medios de comunicación y redes sociales.
Según la resolución, los incidentes se produjeron entre integrantes de las facciones internas de la hinchada marplatense conocidas como “Plaza Italia” y “Nuevo Golf”, esta última liderada por Juárez, apodado “Kiu”. El enfrentamiento incluyó el uso de armas blancas y dejó varios heridos.
La cartera de Seguridad recordó que estas restricciones se aplican en el marco de la Ley 20.655 y su decreto reglamentario, así como en virtud de la Resolución 354/17, que habilita al ministerio a disponer medidas preventivas ante situaciones que representen un riesgo para la seguridad pública.
El documento sostiene que el objetivo es “neutralizar e impedir la presencia en los eventos de personas que pudieran alterar el desarrollo normal de una reunión deportiva” y establece la incorporación de los sancionados al programa Tribuna Segura.
La escalada de violencia dentro de la hinchada de Aldosivi tiene antecedentes en disputas internas que se remontan a 2022, cuando un sector de la barra sufrió represalias tras el incendio de autos de jugadores y un tiroteo en la sede del club. Desde entonces, los enfrentamientos armados entre distintas fracciones han ido en aumento.
Las autoridades judiciales y policiales continúan trabajando para identificar a otros participantes y definir eventuales responsabilidades penales.