El Gobierno nacional prohibió en todo el territorio nacional la comercialización de los juguetes infantiles blandos tipo “squishy” o “squeezy” de la marca Pinch Family, procedentes de China, al considerar que representan un peligro para la salud de los consumidores.
La medida quedó oficializada mediante la Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que depende del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Fernando Martín Blanco Muiño. La prohibición rige desde hoy.
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Según los considerandos, el organismo recibió recientemente denuncias y antecedentes sobre la venta de juguetes importados que contendrían ftalatos en porcentajes superiores a los permitidos por las normas técnicas de seguridad. Los ftalatos son sustancias que se usan para ablandar el plástico.
Un informe del laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) sobre muestras del producto “Squeezy Pinch Family” arrojó un dictamen de “no cumplimiento”. La evaluación química detectó la presencia del plastificante bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP) en una concentración superior al 0,2%, por encima del límite máximo de 0,1% que fija la Resolución 583/2008 del Ministerio de Salud.
A su vez, la Dirección Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales de esa cartera recomendó evaluar el retiro de todos los productos hechos con el mismo material, del mismo origen y de la misma línea comercial, incluidas todas las variantes y presentaciones de juguetes de este tipo vendidos bajo esa marca. La norma señaló además que estos juguetes, figuras de plástico blando que se ofrecen en distintos modelos y formatos, por lo general se venden sin información ni advertencias en idioma nacional.
La prohibición alcanza a los productos que no cuenten con certificados vigentes que acrediten el cumplimiento de los límites de ftalatos y de los requisitos de seguridad para juguetes vigentes en el país.
Además, la disposición establece que importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas deberán destruir y desechar de forma segura e inmediata el stock de estos juguetes. Quienes vendan a través de sitios web tendrán un plazo de 72 horas hábiles para informar de forma destacada en sus páginas los alcances de la medida.
En los fundamentos, el Gobierno explicó que la decisión responde a la escala que podría tener la venta de estos productos y a los distintos canales por los que los consumidores de todo el país pueden comprarlos, tanto en comercios físicos como en redes sociales y plataformas de venta online, incluso a proveedores que no están radicados en el país. También indicó que ya se realizaron fiscalizaciones y se adoptaron medidas preventivas para sancionar la comercialización de estos juguetes.
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Las infracciones serán sancionadas según el régimen de penalidades de la Ley de Defensa del Consumidor y del decreto de Lealtad Comercial, sin perjuicio de las eventuales sanciones penales que pudieran corresponder.
Por último, la medida será comunicada al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Comercio Exterior y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y notificada a todas las direcciones de comercio y protección del consumidor del país, con las que el organismo buscará trabajar en forma coordinada en el marco del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC).