El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires aprobó el Protocolo para la Prevención del Riesgo Suicida “Elizabeth”, una herramienta destinada a prevenir conductas suicidas entre las personas privadas de la libertad.
La medida, oficializada mediante la Resolución N° 2342 publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en la Ley Provincial Nº 14.991/17, que adhiere a la Ley Nacional Nº 27.130, declarando de interés nacional la detección y atención del riesgo suicida.
El protocolo debe su nombre a Elizabeth Canelo Castaño, en reconocimiento a un caso presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que resultó en un acuerdo de solución amistosa. Según el documento, el suicidio es entendido como el resultado de una compleja interacción de factores biológicos, genéticos, psicológicos, ambientales y sociológicos, y en el contexto carcelario presenta características específicas que demandan intervenciones especializadas.
Objetivos y alcance del protocolo
El Protocolo “Elizabeth” busca ser una herramienta integral que aborde la prevención, detección, asistencia y posvención del riesgo suicida en las personas en contexto de encierro. Entre sus objetivos principales se encuentran:
- Promover el trabajo interdisciplinario entre las distintas áreas involucradas en el sistema penitenciario.
- Detectar indicadores específicos en las personas privadas de libertad que puedan derivar en conductas suicidas y aplicar pautas de intervención adecuadas.
- Capacitar al personal penitenciario mediante dispositivos de enseñanza conjuntos entre distintas direcciones del Servicio Penitenciario Bonaerense.
- Clasificar los niveles de riesgo suicida y definir estrategias de contención y tratamiento.
- Fortalecer la recolección de datos y estadísticas para un mejor abordaje de la problemática.
El protocolo también enfatiza la necesidad de un enfoque diferencial para mujeres y diversidades en contexto de encierro, consideradas grupos especialmente vulnerables.
Implementación y capacitación
El texto establece dos instancias fundamentales para su aplicación: un procedimiento de actuación que define indicadores y pautas de intervención desde una perspectiva integral de salud, y una entrevista inicial para determinar el riesgo suicida. Asimismo, instruye a la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria y a la Dirección Contra la Violencia Institucional, entre otros actores, a diseñar capacitaciones continuas para el personal penitenciario.
Articulación interinstitucional
La medida convoca a un abordaje coordinado entre diferentes áreas gubernamentales y organizaciones comunitarias. Las carteras de Salud y de Mujeres y Diversidad, así como la Subsecretaría de Salud Mental y la Subsecretaría de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género, también participaron en el desarrollo del protocolo.
Con esta iniciativa, el gobierno bonaerense busca reforzar las políticas de cuidado y protección de la salud mental de las personas privadas de libertad, promoviendo un enfoque interdisciplinario y con perspectiva de derechos humanos.