El Ministerio de Capital Humano oficializó hoy la Resolución 437/2025 que reglamenta el Programa Crédito Fiscal 2025, una iniciativa dotada de 400 millones de pesos destinada a mejorar las competencias de trabajadores ocupados y desocupados, y a reforzar la productividad de empresas y cooperativas de trabajo.
Según el texto, el plan se instrumentará mediante la emisión de certificados de bono fiscal, canjeables por obligaciones impositivas nacionales ante la AFIP. Los fondos se distribuirán de manera regional, en función de la cantidad de empresas con cuatro o más empleados, de acuerdo con el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.
Podrán presentar proyectos de capacitación las MiPyMEs, grandes empresas y cooperativas registradas en el REGICE, con excepción de las incluidas en el REPSAL y las de intermediación financiera, salvo excepciones. Las acciones formativas, de 8 a 120 horas, podrán dictarse en modalidad presencial, virtual o mixta, y enfocarse en propuestas cerradas (a medida) o abiertas (oferta acreditada).
El financiamiento cubre hasta el 30 % de la masa salarial para MiPyMEs y cooperativas y el 0,8 % para grandes empresas, con un tope inicial de 6 millones de pesos, ampliable a 10 millones si se incorpora formación de desocupados o sectores de la cadena de valor.
La Dirección Nacional de Formación Laboral evaluará las propuestas bajo criterios de pertinencia, calidad curricular y vínculo con el entorno productivo, otorgando puntaje adicional a proyectos que incluyan trabajadores desocupados, reconversiones en sectores estratégicos (autopartista, metalúrgico, construcción, economía del conocimiento) y formación sostenible. Ante empate, se priorizarán cooperativas, micro y pequeñas empresas, y aquellas con mayor número de beneficiarios desocupados.
La presentación se realizará por la Plataforma Crédito Fiscal y la TAD, y las entidades dispondrán de seis meses para ejecutar los cursos. Durante la ejecución, deberán garantizar gratuidad y priorizar inscriptos en el Portal Empleo. La rendición de gastos y la validación de comprobantes serán supervisadas por la Dirección de Seguimiento de Proyectos.
Con esta medida, el Gobierno nacional busca consolidar un esquema de formación continua que contribuya a reactivar la economía, fomentar el empleo formal y fortalecer el tejido productivo en todo el territorio argentino.