La desaparición de Santiago Maldonado tras un operativo realizado por Gendarmería el pasado 1 de agosto en el Pu Lof de Cushamen motivó una amplia movilización social en reclamo del esclarecimiento de un caso que repercutió en el desarrollo de la campaña electoral, y visibilizó el conflicto mapuche en el sur del país.
Luego de 78 días, el cuerpo sin vida del joven artesano fue hallado en las gélidas aguas del río Chubut, y si bien esto pareció darle algún sustento a la hipótesis de una muerte accidental por ahogamiento, lo concreto es que la investigación del juez federal Gustavo Lleral aún continúa abierta en pos de establecer las circunstancias que rodearon a ese deceso.
Santiago Maldonado, de 28 años y oriundo de la localidad bonaerense de 25 de mayo, había llegado el 31 de julio de este año al departamento Cushamen, en el noroeste de Chubut, con el propósito de solidarizarse con la comunidad que mantenía un corte sobre la ruta nacional 40.
Los mapuches de esa zona mantienen un diferendo por la posesión de las tierras que habitan con la empresa multinacional Benetton, y el corte era en reclamo de la liberación de Facundo Jones Huala, detenido a la espera de ser extraditado a Chile, donde se lo requiere por posesión ilegal de armas.
El magistrado federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó un despeje de la ruta por efectivos de Gendarmería, quienes terminaron por ingresar al predio mapuche.
Ese primer día de agosto, en horas del mediodía, los gendarmes llegaron a un punto situado a unos 300 metros de la entrada al predio y forzaron a los integrantes de la comunidad a escapar en busca de cruzar el río Chubut.
Según declaró ante la Justicia el testigo Matías Santana, Maldonado resultó apresado por los uniformados, algo que la fuerza negó en una versión de los hechos respaldada por el Ministerio de Seguridad en la voz de su titular, Patricia Bullrich.
Al día siguiente, el defensor oficial de Esquel, Jorge Fernando Quintana, solicitó, tras recabar testimonios en el Pu Lof, un pedido de averiguación de paradero y un habeas corpus en favor de Santiago Maldonado.
La familia del joven se presentó como querellante en el juzgado de Otranto y se abrió otro expediente por «desaparición forzada», que quedó a cargo de la fiscal Silvina Ávila.
El papel que jugó en la causa el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –presente en la zona el día en el que se llevó a cabo el operativo de Gendarmería- fue denunciado por parte de reconocidas entidades de derechos humanos que acompañaron la querella de la familia Maldonado.
El 11 de agosto, los organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y los partidos políticos de todo el arco opositor se sumaron a una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo que exigió la «aparición con vida de Santiago Maldonado», a dos días de la realización de las elecciones primarias PASO.
Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, se convirtió en la voz cantante del reclamo de la familia y en el principal orador en cada uno de los actos realizados con el propósito de pedirle al Estado que diera cuenta sobre el paradero del artesano.
Días después de la primera marcha, Bullrich concurre al Senado de la Nación, donde defiende el comportamiento de Gendarmería, cuestiona la carátula de desaparición forzada y solicita la colaboración de la familia para esclarecer el caso.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta al Estado argentino a que se comprometa a emprender una investigación para dar con el paradero de Maldonado y dicta medidas cautelares al respecto.
Al cumplirse un mes de la desaparición, se convoca otra marcha multitudinaria a Plaza de Mayo que se replica en varias ciudades del país, pero durante la desconcentración en el centro porteño se producen incidentes y disturbios que determinan que 31 personas sean detenidas.
Tras formular declaraciones al diario La Nación en las que estimaba que Maldonado podría haberse ahogado en el río cuando escapaba de la Gendarmería, Otranto es desplazado a mediados de septiembre por decisión de un Tribunal de Comodoro Rivadavía, que designa al frente de la causa al juez federal Gustavo Lleral.
El nuevo magistrado se reúne con la familia y concurre al predio de la comunidad, donde toma declaraciones y ordena la realización de un quinto rastrillaje sobre el territorio.
El 17 de octubre, cinco días antes de que los argentinos concurran a las elecciones generales, efectivos de la Prefectura dan con un cuerpo en el río Chubut, que es trasladado a Buenos Aires para que se le practique una autopsia en la Morgue Judicial.
Los datos preliminares establecieron que ese cuerpo, el de Maldonado, «no presentaba lesiones», y el 24 de noviembre se consignó que la causa de la muerte había sido «ahogamiento por sumersión coadyuvado por hipotermia», en base a un informe que contó con el aval de todos los peritos que participaron de la autopsia, quienes acordaron que el cadáver «no presentaba signos de sujeción y podía haber permanecido entre 55 y 73 días en el agua».
La familia emitió un comunicado a través de su página oficial en el que sostiene que las causas de la muerte de Santiago «aún se desconocen», y volvieron a exigir «una investigación imparcial, independiente, efectiva y exhaustiva».
Los restos de Maldonado fueron velados y enterrados el pasado 26 de noviembre en su 25 de Mayo natal, en una ceremonia sencilla que contó con la presencia de algunos dirigentes políticos e integrantes de los organismos de derechos humanos.
La causa sigue abierta, y una de las últimas medidas del juez Lleral consistió en tomarle declaración testimonial al joven mapuche Lucas Ariel Naiman Pilquiman, sindicado como el «testigo E», quien según algunas versiones periodísticas había aportado información para el hallazgo del cuerpo de Maldonado, algo que el magistrado se encargó luego de desmentir.
Pilquiman contó que estaba con Maldonado cuando ambos escaparon de los gendarmes en dirección al río, pero apuntó que el artesano no pudo cruzar a la otra orilla.
«No puedo Peñi, no puedo», le habría dicho Santiago a Pilquiman cuando el agua le llegaba hasta el pecho.
«Al cruzar hacia la otra orilla veo que Santiago está enganchado, escondido entre los sauces. Esa fue la última vez que vi», remarcó el testigo en su declaración.
Además, el magistrado pidió un peritaje del DNI hallado entre las ropas de Maldonado con el propósito de determinar si el cuerpo pudo haber sido «plantado» en el río.