Sólo 337 de los 4.329 bonaerenses que regresaron del exterior incumplieron con el aislamiento obligatorio de cuatro días en hoteles y tres en sus domicilios, dispuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para evitar la propagación de la variante delta de coronavirus en el país.
Así lo informó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa que encabezó hoy en Casa de Gobierno, en La Plata.
«Para evitar que la delta tenga circulación comunitaria, dispusimos esta medida. Otras jurisdicciones no lo hicieron y tienen circulación comunitaria», dijo el funcionario y reconoció que «son disposiciones antipáticas, pero necesarias para mantener a raya esta variable más peligrosa».
En ese marco, expuso que desde el 1° de julio, cuando comenzó a regir la media, «20.338 bonaerenses salieron al exterior, de los cuales 4.329 regresaron» y apuntó: «3.183 cumplieron el aislamiento en hoteles, pero 337 irresponsables incumplieron la normativa».
Bianco sostuvo que a quienes no acataron la normativa, «se les labró un acta y se les hizo una denuncia penal por atentado a la salud pública, más una multa de 4,3 millones de pesos».
A la vez, contó que hubo 629 bonaerenses a quienes no se pudo contactar por vía telefónica, por lo que se los fiscalizará presencialmente.
Desde el 1° de julio rige en la provincia de Buenos Aires la obligatoriedad de que las personas que regresan del exterior deben realizar un aislamiento obligatorio en de 4 días en hotel, con costo a cargo del viajero, y 3 días restantes en domicilios particulares.
Esa medida fue adoptada por la Decisión Administrativa 268/21 de la Jefatura de Gabinete de Nación y mediante la Resolución Conjunta 192/21 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud bonaerense, con el propósito de retrasar el ingreso de la variante Delta de coronavirus al país.
Para ello, la provincia habilitó 117 hoteles con 10.300 plazas en 41 municipios.
Las personas que arriben al país desde el exterior que no cumplan el aislamiento serán pasibles de las sanciones previstas en el Decreto Ley N° 8841/77, conforme el procedimiento establecido en los Decretos N° 3707/98 y N° 1/21, lo que implica multas de hasta $4.300.000.
Funcionarios de Migraciones y del Poder Ejecutivo bonaerense fiscalizan el cumplimiento del aislamiento y, en caso de detectar violaciones a la norma, labran un acta y se realizan dos denuncias: una penal por atentado contra la salud pública; y otra ante un Juzgado de Paz por infracción a la normativa provincial.