El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, dijo hoy que se reunirán el próximo 4 de diciembre los tribunales de enjuiciamiento que analizarán tanto la situación del juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, como la del magistrado que integra el Tribunal de Casación Penal bonaerense, Martín Ordoqui, a quienes se les inició un proceso por pedido de juicio político.
Conte Grand explicó, en diálogo con radio Mitre, que si bien «en el caso del juez Ordoqui hay una composición del tribunal del enjuiciamiento, y en el de Carzoglio hay otra, en ambos casos se dispuso la continuidad del proceso de enjuiciamiento y también abrir un trámite incidental para considerar el apartamiento de los magistrados».
«Ambos tribunales se reunirán el próximo 4 de diciembre para hacer consideraciones al respecto de la hipótesis de apartamiento y para decidir el alejamiento mientras dure el proceso de enjuiciamiento», completó el representante del Ministerio Público.
La denuncia contra Carzoglio fue presentada por Conte Grand ante presuntas irregularidades en el desempeño de su función, acusación que no pone en juicio la actuación del magistrado en la causa donde se investiga a Pablo Moyano por presunta asociación ilícita en perjuicio del club Independiente.
Ayer, el jurado de enjuiciamiento se reunió en el Senado provincial y, tras evaluar la denuncia, resolvió el inicio del jury contra Carzoglio.
El jurado que tomó la decisión está integrado por los diputados Jorge D’Onofrio, Pablo Garate, Sandra París y Guillermo Castello; el senador Marcelo Pacífico, los conjueces Juan Emilio Spinelli (Necochea), Jorge Martínez y Graciela Amione, ambos de La Plata, Jorge Álvarez (San Martín) y Pedro Arbini Trujillo (San Isidro).
En tanto, se decidió también iniciar un jury de enjuiciamiento al camarista Ordoqui, uno de los imputados en la causa que investiga a una megabanda integrada por policías, delincuentes y funcionarios judiciales, entre ellos el detenido ex magistrado penal de La Plata, César Melazo.
Ordoqui está acusado de los delitos de «tráfico de influencias y de asociación ilícita» y no se ordenó su detención por poseer fueros como juez.
Sin embargo, en agosto último, la Suprema Corte de Justicia provincial lo apartó de sus funciones y le otorgó una licencia por 90 días.
El juez tiene tres denuncias en su contra, dos de ellas también provenientes del procurador Conte Grand, quien consideró que el camarista «habría incurrido en conductas de extrema gravedad que menoscaban el normal y adecuado funcionamiento de suministro de Administración de Justicia».