Vidal enviará hoy a la Legislatura una ampliación de la figura del arrepentido en la provincia de Buenos Aires

El gobierno bonaerense enviará hoy a la Legislatura un proyecto de ley que amplía el régimen del «arrepentido», con el objetivo de que esa figura, que reduce penas a quienes brinden información que permita avanzar en la investigación de ilícitos complejos, pueda aplicarse a todos los delitos cometidos por bandas en la provincia.
La iniciativa, que será remitida a la Cámara de Diputados, fue elaborada en el ámbito del Ministerio de Justicia bonaerense, en conjunto con el diputado bonaerense del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez.
El proyecto incluye la posibilidad de que fiscales y jueces realicen acuerdos para morigerar penas o, directamente, para archivar las causas en los casos en que los imputados accedan a brindar información sobre los delitos investigados.
El ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, explicó que «el ‘arrepentido’ es una figura que sirve para delitos de algunas complejidad y la idea es que una persona pueda aportar información sobre el resto de los integrantes de mayor jerarquía en una organización criminal».
Remarcó que la propuesta «busca complementar la ley nacional que aprobó el Congreso en noviembre pasado, regulando cuestiones que sirven para volver operativa la figura del arrepentido» en territorio provincial.
Concretamente, el proyecto del Ejecutivo bonaerense que analizará la Legislatura busca incorporar un artículo al Código Procesal Penal bonaerense que determina que, «cuando existan motivos fundados para concluir que la declaración de un imputado será una prueba esencial para asegurar el esclarecimiento del hecho o el éxito de la pesquisa respecto de otros autores, coautores, partícipes o encubridores que resulten más relevantes, y aquél se comprometa a aportar datos o indicaciones conducentes al efecto, el fiscal podrá proceder al archivo de la causa a su respecto».
La iniciativa determina que el imputado beneficiado por ese archivo «quedará obligado a prestar declaración como testigo», en la que deberá «aportar datos que revelen la identidad de otros autores, coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados u otros conexos, y que permitan un significativo avance de la investigación» ya que, de no cumplir con tales obligaciones, ese beneficio será revocado.
En tanto, el subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, explicó que «el artículo 1 del proyecto es un complemento a la ley nacional, ya que las morigeraciones de penas están definidas en el Código Penal nacional».
En el artículo 2 se establece que el acuerdo con el acusado deberá realizarse antes del cierre de la investigación penal preparatoria y que el arrepentido contará con la asistencia de su defensor, y además se detalla que el imputado reconocerá su responsabilidad y aportará información que permita condenar a otros actores de mayor peso en el delito investigado o en otros ilícitos.
«La idea es que se sienten el fiscal, el defensor y el arrepentido, y arreglen qué información aportará éste. Si son datos relevantes, arreglan la reducción de pena a través de una especie de juicio abreviado o audiencia oral. Este proyecto dice que si están todos de acuerdo, en ese momento el juez de garantías puede evitar la condena aceptando esa morigeración de pena», dijo.
Detalló que «el segundo artículo es puramente procesal y le da al fiscal la posibilidad de pactar con el arrepentido ante el defensor».
«Pueden acordar que el arrepentido declare como testigo y el fiscal le archiva la causa», explicó el funcionario, quien añadió que «la diferencia con el primer artículo es que está previsto sólo para cuando el arrepentido tiene una participación leve en el delito».
Además, precisó que «esto quiere decir que el acuerdo con los imputados debe hacerse antes de que la causa se eleve a juicio: el arrepentido se presenta ante el fiscal y le ofrece información que permita avanzar en la investigación de un delito complejo -aquellos cometidos por bandas o crimen organizado, como narcotráfico o trata de personas, y otros como corrupción, piratería del asfalto o usurpaciones-; y allí se hace un acuerdo de colaboración».
En este marco, graficó que «en una usurpación, por ejemplo, hay gente que participa de la primera toma del terreno, porque es usada para cometer ese delito, pero su participación es leve y no son los instigadores o responsables del hecho», y agregó que «entones, para esos casos, el fiscal puede arreglar con el arrepentido que le archiva la causa pero lo obliga a declarar como testigo bajo juramento».
Por otro lado, el proyecto también establece que no podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político o enjuiciamiento previo, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial.