Con la publicación del decreto 461/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto a otros dos organismos dependientes de Transporte. La medida, que se enmarca en la reorganización del Estado tras el fin de la emergencia de la Ley Bases, redistribuye funciones clave del área vial y de control en las rutas nacionales.
El Ministerio de Economía será el encargado de planificar y ejecutar la obra pública vial, mientras que la Gendarmería Nacional asumirá las tareas de control y fiscalización del tránsito en rutas, autopistas y semiautopistas. El Ejecutivo justificó la medida en la “falta de agilidad” de la estructura actual y en el “alto costo operativo” para el Estado.
Además de Vialidad, fueron disueltas la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito. Sus funciones pasarán a diferentes dependencias, principalmente dentro de la órbita de Economía.
El Gobierno también avanza en una reconfiguración del sistema de concesiones, al establecer que la gestión privada de rutas mostró mejores resultados, lo que abre la puerta a una mayor participación del sector privado. Por otra parte, se creó la Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos, en reemplazo de la actual Junta de Seguridad en el Transporte.