La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión de una empresa de productos médicos y la prohibición de uso y comercialización de medicamentos importados por otra firma, tras detectar diversas irregularidades en inspecciones oficiales.
Las medidas fueron formalizadas en el Boletín Oficial y alcanzan a Biogamma S.R.L., con sede en Mendoza, y a Ripezzi S.R.L., radicada en la Ciudad de Buenos Aires.
A través de la disposición 2063/2026, la ANMAT resolvió suspender la habilitación de Biogamma S.R.L. como importadora y distribuidora hasta que demuestre el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Distribución.
Según el organismo, durante una inspección se detectaron productos vencidos, artículos sin rótulo de importación y materiales destinados a esterilización almacenados junto a productos reutilizables, lo que implica riesgos de contaminación.
Además, se constataron deficiencias edilicias, como humedad y deterioro en techos, junto con la falta de documentación respaldatoria sobre los procesos, lo que compromete la trazabilidad y la seguridad de los productos.
En paralelo, mediante la disposición 2144/2026, la ANMAT dispuso la suspensión del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación de Ripezzi S.R.L. y la prohibición del uso, distribución y comercialización de todos los productos importados por la firma.
La medida incluye específicamente los productos RRS HA Long Lasting y RRS HA CELLUTRIX, cuyos lotes deberán ser retirados del mercado. La empresa deberá presentar la documentación que acredite esa recuperación ante el Instituto Nacional de Productos Médicos.
La decisión se tomó luego de que inspectores detectaran que la firma operaba sin director técnico designado y había liberado productos importados tras la desvinculación de la responsable del área.
Frente a este escenario, el organismo inició sumarios sanitarios contra ambas empresas por presuntas infracciones a la Ley 16.463 y otras normativas vigentes en materia de seguridad y calidad.
Las disposiciones fueron comunicadas a autoridades sanitarias nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, así como a organismos de defensa del consumidor. Las restricciones se mantendrán hasta que las firmas acrediten el cumplimiento de la normativa vigente.