La Cámara de Senadores bonaerense aprobó hoy y giró a Diputados el proyecto de ley conocido como «Ley de Góndolas» que apunta a garantizar una mayor presencia de productos de pequeñas y medianas empresas en los supermercados e hipermercados de la provincia, con el objetivo de mejorar la competencia entre las distintas marcas de los productos que integran la canasta familiar.
La iniciativa, enviada por la gobernadora María Eugenia Vidal, regula «las buenas prácticas con proveedores» y alcanza a mayoristas, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, que deberán contar en sus góndolas con productos de no menos de cuatro proveedores distintos por artículo.
Establece también que la ley será aplicable exclusivamente respecto de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar.
El proyecto, que ahora debe ser tratado en Diputados, contempla la inclusión de pequeñas y medianas empresas, asociaciones mutuales y cooperativas entre los proveedores de los grandes comercios “a los que deberán reservar no menos que el 10% del espacio en góndola”.
Para ello, determinó que se entiende por «góndola» a los muebles de cualquier material, forma y dimensión, estantería, exhibidor contiguo a la línea de caja y la punta de góndola, incluyendo también refrigeradores o heladeras, utilizados para la exhibición de productos disponibles para la venta.
Prevé además que el espacio ocupado por productos de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas de cualquier manera vinculadas o integradas, no supere el treinta por ciento (30%) del espacio de cada góndola, dentro de la misma categoría de producto.
El presidente de la Comisión de Legislación General, Juan Pablo Allan (Cambiemos) explicó que la ley “está dirigida a potenciar la competencia entre productos de la canasta familiar y a posibilitarles a las Pymes el ingreso a los hipermercados”.
Durante su fundamentación en el recinto, aseguró que “los porcentajes de góndola reservados a las Pymes también se aplican para los conceptos de venta online o por Internet” y agregó que el proyecto “busca atenuar el desequilibrio comercial entre los grandes hipermercados y sus proveedores”.
Precisó también que el Poder Ejecutivo definirá quién será la autoridad de aplicación de la norma que prevé multas de 10 mil pesos a 50 millones para los que no la cumplan y que “deberán ser actualizadas una vez por año”, según detalló Allan.
Además de la multa, contempla sanciones como el decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción; la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días y la baja de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado, entre otras.