La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechazó hoy el otorgamiento de prisiones domiciliarias para genocidas en el marco de la pandemia de Covid-19 al considerar que «ningún contexto ni situación particular, por más delicada que sea, puede desconocer la gravedad de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar».
En un comunicado, el organismo destacó que «frente a la expansión de la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas por el gobierno, se intenta aprovechar el contexto para morigerar las penas para aquellos responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia».
La CPM dijo que en base a fuentes oficiales saben que #hasta el momento se han tramitado 104 solicitudes en diferentes juzgados de las cuales se resolvieron 58: en 17 casos se otorgó la morigeración y se habilitó la detención domiciliaria, mientras que en los 41 restantes fueron denegadas».
«En La Plata, por ejemplo, el juez federal Ernesto Kreplac otorgó la prisión domiciliaria a tres ex policías bonaerenses: Juan Nazareno Risso, Walter Omar Ale y Ramón Carlos Velasco. Mientras tanto, el TOFN 2 de San Martín otorgó la misma morigeración al médico Omar Edgardo Di Napoli, a quien se le probó participación para la aplicación de torturas y delitos de abuso sexual en centros clandestinos de la zona de Zárate, Campana y Escobar. En Mendoza 8 genocidas se fueron a su casa y otros 3 en San Fé», planteó el organismo.
La Comisión destacó que «los detenidos por crímenes de lesa humanidad alojados en Ezeiza cuentan con atención médica especial» y detallaron que en la Unidad 34 de Campo de Mayo «se encuentran alojados dentro de un predio de las Fuerzas Armadas, que incluyen un trato de privilegio, siendo los únicos alojados los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad».
«La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad ha resaltado que ‘se trata de una unidad que no sufre hacinamiento y está más aislada que las restantes dependencias penitenciarias federales’. Los represores allí alojados están bien atendidos, el hospital intramuros funciona adecuadamente y tampoco hubo casos sospechosos reportados”, se apuntó.
La CPM a la vez resaltó que los genocidas «fueron condenados tras largos años de impunidad y gozan de condiciones excepcionales de detención a las que no acceden los presos comunes y, sin embargo, siguen esgrimiendo argumentos falaces para poder acceder nuevamente a morigeraciones de sus penas, buscando disminuir el peso de la justicia sobre sus actos y ampliar sus posibilidades de impunidad».
«Rechazamos las decisiones de estos tribunales que han habilitado, en el marco de la pandemia, la prisión domiciliaria para los genocidas. Esta situación excepcional, que pone en riesgo la salud publica, no puede ser utilizada como un recurso más para arrasar con años de lucha que permitieron conquistar con éxito la justicia», aseveraron.
Analizó el organismo que «ninguna medida que pretenda contener el avance del COVID-19 puede convalidar la impunidad para los genocidas porque sería desconocer la historia del pueblo argentino» y agregó que «en la gravedad de estos crímenes imprescriptibles se encuentran las razones que nos hacen exigir que la cárcel sea la única casa para un genocida: ese es el mejor aislamiento social para ellos».