La Defensoría del Pueblo bonaerense elaboró un informe que presentará a las nuevas autoridades nacionales y provinciales «para que el Estado aplique políticas con perspectiva de género», se informó en un comunicado.
Las propuestas surgieron después de llevar a cabo en diferentes distritos de la provincia entre marzo y julio los Foros de Mujeres y Personas de Géneros Disidentes en los que se consultó «a quienes se dedican de manera cotidiana y comprometida a pensar cómo revertir esta injusta realidad, como las organizaciones sociales, políticas, trabajadores de la educación, de la Justicia, de la seguridad y de los derechos humanos».
El organismo detalló que generó ese espacio «como respuesta a una dura problemática: la alta cantidad de femicidios; que las personas trans y travestis tengan una expectativa de vida de 35 años; o que las mujeres dediquen la mayor parte de su tiempo al trabajo no pago, entre otras situaciones de vulnerabilidad».
Mediante mesas de trabajo y con dinámicas de taller, cientos de mujeres manifestaron la necesidad de diseñar políticas públicas para generar o fortalecer programas de abordaje de la violencia de género, como acompañamiento y medidas de protección a las víctimas de violencia de género; el abordaje de sus agresores; la capacitación al personal del Estado en perspectiva de género; la puesta en marcha de políticas educativas, salud, seguridad, justicia y de participación política.
Asimismo, expresaron la necesidad de promover el acceso al empleo de mujeres y personas travestis y trans y la creación de ámbitos de asesoramiento y acompañamiento en situación de acoso y abuso sexual, entre otras iniciativas.
Tras llevar a cabo los Foros, la Defensoría realizó un informe técnico que, a manera de recomendación, se propone un lugar en la agenda de las políticas que llevarán adelante las autoridades electas en las últimas elecciones y que se harán cargo de las gestiones en el ámbito ejecutivo y legislativo.
“Las recomendaciones que surgieron a partir del trabajo de los foros tienen la finalidad de contribuir a la construcción de un piso mínimo de políticas de Estado que garanticen que no retroceda el acceso a los derechos sociales, políticos, culturales y económicas de manera equitativa», sostuvo el Defensor, Guido Lorenzino.