El gobierno bonaerense dispuso hoy una medida por la cual cuando se intime a un empleador en una inspección laboral por no tener a sus trabajadores registrados, se les dará 15 días para regularizar esa situación.
A través de la resolución 211 publicada en el Boletín Oficial del distrito se estableció que «cuando se sancione a un empleador por incumplimiento a la Ley Nacional de Empleo, en el mismo acto resolutivo se intimará al infractor a acreditar dentro del plazo de 15 días de notificada la correcta registración del trabajador que se hubiere considerado no registrado o deficientemente registrado, bajo apercibimiento de considerar su conducta como obstrucción al accionar de la autoridad administrativa».
Se indicó que, una vez que se encuentre firme la sanción aplicada, «se pondrá en conocimiento de ARBA, de AFIP, de la entidad sindical y de todo organismo nacional, provincial o municipal que pueda requerir acceso a dicha información».
Con todo, el infractor que regularice la situación podrá adherirse al régimen de pago simplificado, con lo que el monto de la multa se reducirá al mínimo de la escala prevista para la conducta tipificada por cada trabajador afectado y la renuncia automática a la facultad de interponer acciones o recursos administrativos o judiciales.
La medida determina que «el despido sin justa causa del trabajador deficientemente registrado, dentro de los dos años posteriores a la inspección que relevó dichas infracciones, será considerado indicio de violación de la normativa laboral establecida para proteger los derechos del trabajador y para garantizar el ejercicio del poder de policía del trabajo».
En los fundamentos de la disposición, se destacó que «el empleo registrado en forma deficiente sigue presentando magnitudes que afectan las condiciones de inclusión y equidad de nuestra sociedad, respecto a ambos actores de las relaciones laborales, es decir a trabajadores y empleadores».
Se puso de relieve la necesidad de «impulsar medidas complementarias tendientes al cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social» y se indicó que la medida «está destinada a regularizar la situación que se detecta en el marco de las inspecciones, y a su vez restituir los derechos vulnerados, mediante el cumplimiento por parte del empleador de las obligaciones registrales a su cargo».