La defensa de Scioli se opone a que vaya a juicio una causa en su contra, y pidió el sobreseimiento

La defensa del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli se opuso hoy a que sea elevada a juicio oral la causa en la que se lo investiga por diversas irregularidades en su gestión al frente del Poder Ejecutivo provincial, y pidió su sobreseimiento.
En el escrito, los abogados defensores de Scioli plantearon una serie de nulidades a la causa que instruyó el fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta, entre ellas la misma actuación del fiscal.
Para los abogados, la causa «fue directamente direccionada a la fiscalía de Garganta», ya que aducen que ésta no ingresó por mesa de entradas, por lo que consideran que su actuación fue ilegal.
En el texto, objetan también que «se comunicó a nuestro representado que se estaba sustanciando una causa con motivo de una denuncia, pero no se informó el objeto procesal, vedando así la posibilidad concreta desde el inicio, de poder contrarrestarla».
El pedido de elevación a juicio había sido formulado en octubre último por el fiscal Garganta a la jueza de Garantías Marcela Garmendia, aunque la defensa de Scioli recusó a la magistrada y ese planteo aún espera resolución del Tribunal de Casación.
La causa, que suma varios casos de presuntas irregularidades y fraudes en su gestión como gobernador, se había iniciado por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en junio de 2016, por lavado de dinero.
Entre las investigaciones, se encuentran las supuestas irregularidades en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA), por las que se pagaron 189 millones de pesos durante la administración de Scioli.
Además del ex gobernador, están procesados el ex jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez; el ex subsecretario Administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone; el ex director de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella; el ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y el empresario y amigo de Scioli Ricardo Estanislao Miller, entre otros.
En el caso de la construcción de nueve unidades UPA, la Justicia determinó que muchas de las empresas convocadas para concursar no estaban inscriptas en el Registro de Proveedor o directamente se dedicaban a otro rubro, y se investiga si estas maniobras tuvieron el fin de direccionar la contratación a favor de Miller.