El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni deje de investigarse como un presunto enriquecimiento ilícito y sea remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para analizar una posible evasión tributaria.
En su dictamen, el fiscal concluyó que no pudo descartarse que el patrimonio cuestionado hubiera sido obtenido antes de que Adorni asumiera funciones en el Poder Ejecutivo, en diciembre de 2023.
La decisión no implica un sobreseimiento. El planteo deberá ser resuelto por el juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente iniciado a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano.
La investigación analizó el patrimonio de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. En ese período, la Fiscalía había detectado erogaciones por 402.578,12 dólares, de los cuales 374.081,66 fueron abonados en efectivo, además de una diferencia de 43.068.549 pesos entre ingresos comprobados y gastos.
Entre los desembolsos figuraban la compra de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz; la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito; reformas, mobiliario, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
En su descargo, Adorni atribuyó el origen de los fondos a una inversión en Bitcoin realizada entre 2014 y 2018 a través de ocho direcciones de autocustodia. Según su defensa, las compras rondaron los 200.000 dólares y la venta de esos activos generó 591.544,61 dólares, que luego conservó en efectivo.
Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser refutada con la prueba disponible. El fiscal explicó que la figura de enriquecimiento ilícito exige que el incremento patrimonial injustificado se produzca después de la asunción del cargo público, y que la investigación no logró vincular el dinero con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”.
Una verificación criptográfica de las direcciones aportadas confirmó que las claves privadas estaban bajo control de la defensa y que las billeteras registraron actividad entre 2014 y 2018. Sin embargo, el informe técnico de la Policía Federal Argentina señaló que la cadena de bloques no permite determinar quién controló una billetera en un momento determinado.
El dictamen también reconstruyó los ingresos formales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, que según registros de la ANSES y la ARCA alcanzaron unos 335.000 dólares hasta 2014 y cerca de 493.000 hasta 2018. Para la Fiscalía, esas cifras ubican la compra de Bitcoin dentro de una escala económica posible.
No obstante, el fiscal detectó posibles irregularidades tributarias, ya que la propia defensa admitió que parte de los ahorros familiares se mantuvieron fuera del sistema bancario y sin declarar ante la ARCA.
Pollicita señaló que existen indicadores que podrían exceder una infracción administrativa, como la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de fondos una vez iniciada la causa.
Por ese motivo, pidió que el juzgado se declare incompetente y remita el expediente al fuero Penal Económico, que deberá determinar si existió evasión en los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.
El fiscal también solicitó que se investigue la conducta de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo y del contratista Matías Tabar, y que se envíen actuaciones al Colegio Público de Escribanos porteño para evaluar la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones analizadas.
La casa de Indio Cuá fue escriturada en noviembre de 2024 a nombre de Angeletti por 120.000 dólares, financiados en parte con un préstamo no bancario de 100.000 dólares. El contratista Tabar declaró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo y sin factura por las refacciones, cifra que Adorni negó al sostener que las obras costaron 175.000 dólares.
El departamento de Caballito fue adquirido en noviembre de 2025 por 230.000 dólares, de los cuales 200.000 se financiaron mediante una hipoteca privada sin intereses con las anteriores propietarias.
La causa también incluyó el análisis de compras realizadas con tarjetas de crédito de empleados de la Vocería Presidencial, entre ellas colchones, ropa blanca, proyectores y un monitor. La secretaria Gisela Kocsis declaró que Adorni le reintegraba en efectivo los gastos hechos a su nombre.