El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.813, mediante la cual quedó aprobado el acuerdo marco entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea para el funcionamiento del Centro Regional de Capacitación y Transferencia de Tecnología destinado al control y gestión de residuos peligrosos en América del Sur.
La norma fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y ratifica un convenio suscripto en Ginebra en noviembre de 2016 entre el Estado argentino y la entidad internacional encargada de supervisar la aplicación del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.
Con la entrada en vigencia de la ley, la Argentina consolida su rol como sede del Centro Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología en la región de América del Sur, organismo que brinda asistencia técnica, capacitación y cooperación a los países sudamericanos en materia de manejo ambientalmente racional de residuos peligrosos.
El acuerdo reconoce que la cooperación regional resulta clave para reducir la generación de desechos peligrosos y mejorar su tratamiento ambiental. En ese marco, destaca que la Argentina fue seleccionada como sede regional por decisión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea y que expresó su voluntad de continuar alojando el centro para América del Sur.
Según el texto aprobado por el Congreso, el centro funciona en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ubicado en la provincia de Buenos Aires, y presta servicios a los países de la región que adhieren a sus programas de cooperación. Entre ellos figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Entre sus principales funciones se encuentran la capacitación de especialistas, la transferencia de tecnología, la recopilación y difusión de información sobre residuos peligrosos, la asistencia técnica a los países de la región y el desarrollo de estrategias para promover una gestión ambientalmente sostenible. También podrá colaborar con organismos internacionales, universidades, empresas y organizaciones no gubernamentales para impulsar proyectos vinculados a la protección ambiental.
El convenio establece además que la Argentina aportará infraestructura, equipamiento, personal y financiamiento para garantizar el funcionamiento del centro. Entre otras contribuciones, el país deberá proveer oficinas, salas de reuniones, equipamiento informático y personal permanente para el desarrollo de las actividades regionales.
La ley había sido sancionada por el Congreso de la Nación el 20 de mayo pasado y quedó promulgada de hecho el 12 de junio. La publicación oficial dispuso además remitir la norma al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para su implementación y seguimiento.