La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó la adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 para la modernización, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal al consorcio Jan de Nul N.V. – Servimagnus S.A., por resultar la oferta más conveniente en términos técnicos y económicos.
La resolución 36 -firmada por el director ejecutivo de la Agencia, Iñaki Miguel Arreseygor, y publicada hoy en el Boletín Oficial- pone fin a un proceso licitatorio que comenzó en diciembre de 2025 y que incluyó la apertura de tres sobres, múltiples recursos y la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y el Ministerio de Economía.
La concesión abarca el tramo comprendido entre el kilómetro 1238 del Río Paraná -punto denominado Confluencia- hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior, e incluye tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento. Se trata de la ruta fluvial por la que se traslada aproximadamente el 80% de las exportaciones del país, con cerca de 60 terminales portuarias a lo largo de su cauce.
El único competidor que llegó hasta la instancia final fue la firma belga Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME NV), que quedó en segundo lugar en el orden de mérito. La empresa impugnó el proceso en reiteradas ocasiones, cuestionando la evaluación de sus antecedentes técnicos, pero todos sus recursos fueron rechazados. El Ministerio de Economía desestimó el último recurso de alzada el mismo 18 de junio, horas antes de que se firmara la adjudicación, al concluir que «la diferencia obedeció a la documentación efectivamente acompañada por cada oferente para acreditar sus antecedentes» y que no se verificaron criterios diferenciados ni vulneración al principio de igualdad.
Una tercera oferente, la brasileña DTA Engenharia Ltda., había quedado fuera del proceso desde la primera etapa por no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta exigida por el pliego.
El proceso previo a la licitación incluyó mesas de diálogo interdisciplinarias con usuarios, provincias, sindicatos y universidades, una audiencia pública, y la participación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que emitió un informe de recomendaciones y buenas prácticas.